El primer día del presente mes de octubre, la Cámara de Diputados votó de manera abrumadora declarar Parque Nacional el área boscosa de Loma Miranda, provincia La Vega, donde se detecta un rico yacimiento de oro, hierro y otros metales.

Al siguiente día, Falconbridge Dominicana, que explota el yacimiento de hierro de Loma Peguera, provincia Monseñor Nouel, anunciaba el cierre de sus operaciones por unos tres años, despidiendo a 900 de mil empleados de su planilla, un severo golpe económico para Bonao, y evidente mecanismo de chantaje.

Falconbridge aspiró desde bien temprano obtener la concesión para explotar el yacimiento minero de Loma Miranda, de una cuantía fabulosa, pero como solo en el caso del proyecto malogrado de la cementera de Los Haitises, el país no registraba una oposición tan tenaz y amplia para preservar los recursos naturales de Loma Miranda, un colchón hídrico de enorme influencia en las provincias circundantes, y amplia biodiversidad.

Cada yacimiento minero está inmerso en zonas boscosas, a excepción de zonas desérticas y plataformas marinas para extraer petróleo, y el quid de cada caso que entraña desplazar zonas verdes con ricos recursos hídricos y de la fauna, consiste en someter cada caso a un estudio de factibilidad técnico entre las mineras y el Estado donde yacen los recursos explotables.

El compromiso bilateral de cómo se restaurará la zona a explotar, con el menor impacto medio ambiental, y obtener los beneficios de esos recursos no renovables, preservando al máximo los renovables, con beneficios equitativos para las mineras y los Estados.

Alusivo a Bahía de las Águilas, el entonces presidente Hipólito Mejía soltó una de quizás su más acertada ocurrencia al precisar que esa paradisíaca área no es posible preservarla solo para que los careyes acudan a desovar.