El 24 de abril de 1965 un amplio sector del pueblo dominicano se levantó en armas contra la ignominia que dos años antes cercenó a la naciente democracia post Trujillo que ese mismo pueblo forjó en las urnas. Con la insurrección, que costó muchas vidas, se trazó un nuevo rumbo hacia la recuperación de la legalidad. No más golpes de Estado. Aquellos que hicieron posible la gesta merecen el homenaje imperecedero de sus compatriotas. A las generaciones subsiguientes corresponde acrisolar el respeto al orden jurídico. Esforzarse y hacer real la democracia, ámbito en el que ya, al menos teóricamente, se avanzó hasta contar con un marco legal que incluye taxativamente derechos a la educación, el trabajo y la salud con el bienestar general como objetivo alcanzable.
Fortalecer las instituciones sigue pendiente, algo imprescindible para la plena vigencia de la ley sustantiva. Debe quedar atrás el acatamiento acomodaticio o de apariencia. Superar el vacío de leyes que sujeten la función pública a los mandatos de la Carta Magna en letra y espíritu; libre del derribo que con anterioridad lograban los madrugonazos. Pero también liberada del desconocimiento unilateral y arbitrario de algunos enunciados. El país no debe seguir expuesto a súbitas reformas basadas en mayorías partidarias y congresuales dóciles a proyectos políticos. La falta de permanencia es, también, una agresión a la constitucionalidad.

Protección al estudiantado

El escándalo causado por la denuncia de madres de unas 12 niñas de no más de trece años de edad que afirman que sus hijas fueron abusadas sexualmente por un profesor de la escuela en que estudian en una comunidad de Salcedo, plantea la urgencia de adoptar algún riguroso protocolo de vigilancia sobre comportamientos en las aulas. Se diría incluso que supervisiones de esa índole han debido existir de siempre.
Ciertamente, el hecho de que a un solo maestro se atribuyan tan repetidas agresiones a seres indefensos y de tierna edad supone un vacío de controles sobre lo que pueda ocurrir entre paredes de escuelas. Las autoridades tienen que tomar medidas contra toda posibilidad de abuso infantil con estricta supervisión y escudriñando en los perfiles y antecedentes de los docentes que son puestos a cargo de los niños.