Según el expediente que reposa en la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), las presuntas acciones fraudulentas cometidas contra el Estado atribuidas al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Alberto Holguín Cruz, datan del 2004, cuando a través de una de sus empresas el hoy imputado habría cobrado dos veces la construcción del Centro Universitario Regional Cibao Central (Curce-UASD), cuya inversión total ascendió a RD$585,920,449.13.
Documentos obtenidos por Hoy indican que la empresa Diseño y Construcciones de Obras Civiles S.A. (Dicocisa), presidida por Holguín, pero cuya propiedad es atribuida al ingeniero Carlos Manuel Ozoria Martínez, no solo cobró el pago que hizo la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (Oisoe), sino además RD$140 millones que por el mismo concepto desembolsó el Consejo para el Desarrollo de Monseñor Nouel (Bonao).
El exfuncionario fue sometido a la justicia el 13 de agosto por la Procuraduría Especializada en Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), por presuntos actos de corrupción durante su gestión en el período 2012-2015, en el Inapa, donde habría concedido obras “grado a grado” a relacionados por más de RD$1,000 millones.
Dicocisa, ¿empresa ficticia u Holguín testaferro? Según los documentos, la Oisoe asignó y pagó a Dicocisa, presidida por Holguín, la construcción de la extensión de la UASD en Bonao, mediante el contrato Oisoe-FB-38-2004.
Sin embargo, el 27 de noviembre de 2006, Ozoria Martínez, uno de los implicados en el caso del senador Félix Bautista, emitió una “Declaración de Descargo”, afirmando que el día 25, en una Asamblea General Extraordinaria, la empresa Dicocisa le traspasó todos los derechos que poseen sus accionistas para la adquisición y ejecución de contratos de obras civiles de cualquier tipo que le sean asignadas por la administración pública.
Posterior la construcción del Curce-UASD fue paralizada por supuesta falta de liquidez económica, por lo que el 19 de octubre de 2007, Néstor Francisco Melenciano, en supuesta representación del Consejo para el Desarrollo de la Provincia, contrató y pagó a Dicocisa RD$140 millones para que concluyera la mencionada obra.
Esa operación fue considerada “fraudulenta e ilegal”, ya que esos recursos, provenientes de la Ley 507-05 que transfiere a favor de Monseñor Nouel, La Vega y Sánchez Ramírez, los beneficios de las acciones de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), en Falconbridge Dominicana, C x A, debían ser entregados únicamente al Patronato Pro Curce-UASD.
Lo exonera de responsabilidad. El 24 de abril de 2013, en otra declaración jurada, Ozoria Martínez afirma que desde la suscripción del contrato Oisoe-FB-38-2004 con Dicocisa para la construcción del Curce-UASD, “he sido el único y absoluto responsable” de las obras construidas por la empresa, “y he recibido la totalidad de los recursos generados”.
Asimismo, reconoce y acepta que la compañía, “su presidente, Ingeniero Alberto Alcibíades Holguín Cruz”, así como los demás accionistas “están exonerados, excluidos y liberados” de todas y cada una de las acciones realizadas a nombre de la entidad.
Admite fraude. Tras el escándalo por el doble cobro de la construcción del Curce-UASD, Dicocisa hizo dos cesiones de crédito mediante el contrato con la Oisoe, a favor del Consejo para el Desarrollo de la provincia Monseñor Nouel.
Según una certificación firmada por el consultor jurídico de la Oisoe, Frank Reynaldo Fermín Ramírez, el primer contrato fue depositado el 14 de agosto del 2012, por RD$70,465,174.00; y el segundo, el 15 de abril del 2013, por RD$69,534,826.00, lo que hace un total de RD$140 millones.
La primera partida de $70 millones le fue pagada a Dicocisa por el Consejo, mediante el cheque número 001397, de fecha 25 de octubre de 2007. La segunda por igual suma le fue entregada con cheque número 002425, el 12 de febrero del 2008.
Copia de ambos cheques, y documentos de los detalles de esta información reposan en la redacción de Hoy.
Allegados beneficiados. Al margen de este caso, Holguín es procesado por la acusación de fraude durante su gestión en Inapa, gestión 2012-2015.
En la acusación formal que enfrentará ante la justicia, la Pepca le atribuye al exdirector del Inapa beneficiar con contratos millonarios “grado a grado”, a los ingenieros María Inés Hernández Peralta, San Agustín Jiménez Castillo, Diógenes Severino Frías, Rafael Tobías Taveras, Ana Reyes Ureña y Cristian Alejandro Tejeda Pichardo.
Esto, según la imputación, lo hacía a través de las empresas Servicios Técnicos de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura, Dicocisa, Cubierta Dominicana y Corporación de Hormigón y Asfalto, entre otras compañías.