Hace veinticinco años, en una conferencia que pronuncié y que contó con la presencia tanto de Juan Bosch como de José Francisco Peña Gómez, dije: “Yo considero que a la República Dominicana no le conviene la presencia de esa mano de obra y que, con la ayuda de organismos de Naciones Unidas, se debería promover una repatriación pacífica y civilizada de los haitianos que estén ilegalmente en mi país. Mis argumentos se basan en razones puramente políticas, económicas y morales y no reflejan los prejuicios de tipo racial y social de nuestras generaciones pasadas. Desde el punto de vista político, la presencia de la mano de obra haitiana promueve el anti haitianismo dominicano, lo que no conviene, ni a los dominicanos ni a los haitianos. También, desde el punto de vista político, la dependencia de la economía dominicana en la mano de obra haitiana implica una debilidad para la política externa dominicana frente a Haití… Desde el punto de vista económico, la presencia haitiana retrasa la transformación de la economía, mantiene esquemas de producción que deberían ser sustituidos más rápidamente y detiene el crecimiento de los salarios reales”. Como ocurre con muchas de mis ideas, no se me hace caso en el momento, sino muchos años después.

Por lo anterior se evidencia que estoy de acuerdo con las deportaciones de haitianos indocumentados. Con lo que no estoy de acuerdo es con la deportación de personas nacidas en el país de padres haitianos y que no han podido iniciar el proceso de documentación para eventualmente obtener la ciudadanía. Primero, porque para muchos su nacionalidad le fue quitada retrospectivamente; segundo, porque la gran cantidad de los casos se refiere a descendientes de cortadores de caña traídos al país con la connivencia de militares duvalieristas y dominicanos para trabajar en el CEA (el problema no luce existir en los ingenios privados) y, tercero, porque si son deportados devienen en apátridas. Eso porque las leyes dominicanas no los reconocen como dominicanos y aunque la Constitución haitiana reconoce como haitiano a cualquier persona nacida de un padre haitiano, no importa dónde nació, en la práctica significa que si una persona de padre haitiano llega a Juana Méndez hablando solo español y sin papeles, no será reconocida allí como haitiana porque, al igual que en Santo Domingo, carece de papeles para probar que nació en Santo Domingo y de padres haitianos, deviniendo, pues, en apátrida en ambos lados de la isla. Ya el presidente Martelly ha declarado que si le deportan “dominicanos” eso no será un problema haitiano, sino de derechos humanos. Se sabe que la convención que estableció a Naciones Unidas obliga a esa institución a crear campamentos de refugiados para los “sin patria”.

También existe una cuarta razón y es que aunque muchos regresen voluntariamente, y ojalá el gobierno provea gratuitamente camionetas para que puedan llevar sus pertenencias y no restringir el transporte gratuito como ahora a solo dos maletas, con 50 guaguas para 50 pasajeros de deportados, con un viaje al día durante cinco días semanalmente tardarían seis meses para deportar a los 300,000 haitianos indocumentados nacidos en Haití. En 1933 a los cubanos le tardó mucho más tiempo deportar a todos los cortadores de caña haitianos y jamaiquinos. Entonces es cuestión de establecer prioridades. En el caso de los descendientes de cortadores de caña del CEA, nacidos en el país, así como el caso de los muy envejecidos cortadores, lo humano, a no ser que se quiera cambiar nuestra estructura legal, es que el CEA entregue documentos a esas personas y que Migración no los deporte. Los primeros seguirían siendo apátridas pero por lo menos vivirían en el país que los vio nacer y hablando el único lenguaje que conocen, aunque con muy serias limitaciones para estudiar, trabajar, casarse y viajar a cualquier país.