La indignación social sobre los casos de corrupción que arrastran los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no ha sido capaz de frenar la ocurrencia de nuevos hechos, con el agravante de que se tiñen de sangre.
Cuando se creía que el escándalo de corrupción de Odebrecht había tocado el techo de las ilegalidades, por el entramado estructurado para conseguir obras gubernamentales a cambio del pago de US$92.0 millones en sobornos en el período 2001-2014, el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras obliga a investigar posibles irregularidades en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
Ramírez, quien era presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), denunció antes de su deceso la semana pasada que en la dependencia oficial se estarían produciendo irregularidades con la adquisición de autobuses.
De acuerdo con el Ministerio Público, dos empleados de la OMSA habrían asesinado a Ramírez Ferreras porque este supuestamente extorsionaba al destituido director de la entidad, Manuel Rivas, quien le habría entregado uno de cuatro millones de pesos prometidos a cambio de su silencio.
Las autoridades les imputan el crimen a Argenis Contreras González y a José Antonio Mercado Blanco, quienes aparecen en la nómina de la OMSA como asesor de la Dirección General y fiscalizador de la Gerencia de Supervisión General, respectivamente.
Los detenidos hasta el momento son Rivas, el empresario Eddy Rafael Santana Zorrilla, quien habría sido el enlace para los pagos que se le habrían hecho a Ramírez Ferreras, Mercado Blanco, y el coronel policial Faustino Rosario Díaz, quien es contador de profesión. Contreras González está prófugo y salió del país al día siguiente de cometer el hecho, de acuerdo con el Ministerio Público.
El crimen de Ramírez Ferreras se encuentra en fase de investigación, y a los principales imputados todavía no se les han conocido las medidas de coerción correspondientes.
Suicidios y homicidios vinculados a corrupción. La administración del presidente Danilo Medina ha sido sacudida por otros hechos de sangre vinculados a la corrupción pública.
El 26 de septiembre de 2015 el arquitecto David Rodríguez se suicidó en el baño de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), perturbado por las deudas que había contraído para la remodelación de una escuela, cuya ejecución ganó en un concurso.
Rodríguez, residente en Monte Plata, fue víctima de una red de extorsión dirigida por empleados de la OISOE, quienes extorsionaban a contratistas a cambio de tramitarle los pagos.
Al momento de producirse el hecho la entidad era dirigida por el arquitecto Miguel Pimentel Kareh, quien fue destituido.
En julio de este año fueron condenado por el hecho, a 5 y 6 años de prisión, Alejandro de los Santos, Julio Rafael Pérez y Juan Ernesto Romero Pérez.
A un año y seis meses del suicidio del arquitecto Rodríguez, el 16 de febrero de este año, José Rodríguez se convirtió en un homicida suicida, al quitarle la vida a los locutores Leo Martínez y Luis Manuel Martínez, mientras estos transmitían un programa radial en San Pedro de Macorís.
Lo que llevó a Rodríguez a cometer el hecho y luego quitarse la vida fue el sentirse estafado por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), entidad que le vendió terrenos en San Pedro de Macorís, pero no se los entregó porque tenían un segundo dueño.
El vínculo de los locutores con el caso fue haberse constituido en mediadores entre Rodríguez y el entonces director del CEA, José Joaquín Domínguez Peña, para que la entidad le devolviera al homicida suicida el dinero que había entregado en pago.