Es una lástima que después de tantos años de debate, el Congreso terminara aprobando un Código Penal que desconoce derechos fundamentales de la mujer, entre ellos el de proteger su vida con la interrupción de un embarazo que la ponga en peligro de muerte o que haya sido fruto forzoso del ultraje. Los congresistas no han dejado espacio para las necesarias excepciones y condicionalidades en las que debería permitirse el aborto. Esto inclina el fiel de la balanza de la justicia en favor de la concepción dogmática del inicio de la vida y echa de lado los criterios científicos.
De nuevo estamos en el punto en que es razonable cuestionar la decisión del Congreso y alimentar la esperanza de que el Poder Ejecutivo se abstenga de promulgar esta ley. Ya se levantan contra esa las voces de gente como el director del Consejo Nacional para el VIH Sida, Víctor Terrero; la directora del Centro de Estudios de Género del Intec, Lourdes Contreras, y el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surum, entre otros.
Una mujer que haya sido embarazada en el trance de una violación sexual debería tener derecho a decidir si procrea o no el fruto de ese acto grosero. Igual en el caso de amenaza ostensible para su vida y su salud. Es peligroso para la sociedad que se asuman decisiones cruciales atendiendo a un solo punto de vista, como parece ser el caso.

Hospitales en dificultades

Ha dado pésimo resultado la estrategia oficial de asumir en conjunto la remodelación o reparación de varios hospitales muy importantes para las comunidades o regiones donde operan. Algunos llevan varios años en ese proceso, lo que limita de manera considerable la calidad de sus servicios y reduce el número de pacientes atendidos por jornada. Por otro lado, la tardanza en la ejecución de las obras ha traído como resultado la inflación de los costos.
En algunos casos, los trabajos realizados han tenido que ser sometidos a inspección porque la remodelación fue iniciada sin acogerse a las especificaciones técnicas del Ministerio de Salud Pública. Todo esto ha redundado en perjuicio del servicio que los hospitales sometidos a trabajos de remodelación deben brindar a la población que más lo necesita.