La República Dominicana amerita políticas mejor dirigidas a incentivar inversiones creadoras de empleos de verdadero valor para la economía y la sociedad. Que ratifiquen garantías al sector privado de que activando más medios de producción y plazas de trabajo podría mejorar la rentabilidad al amparo de leyes y políticas impositivas razonables y de permanencia. Que el Estado muestre con firmeza que aplicará a las actividades de lucro el cobro de tributos que no mermen los capitales de trabajo. Una tónica de relación de lo público con lo privado bajo una sombrilla de protección contra la competencia desleal, reconociéndose que es oportuno modificar el Código de Trabajo sin reducir derechos adquiridos de los trabajadores; lo mismo que la Ley sobre Seguridad Social para que resulte más favorable a todos sin que el sistema pierda ingresos a causa de evasiones y elusiones para las que faltan sanciones.
El Estado no puede seguir siendo el mayor empleador individual del país si es a partir de su reconocida vocación de pagar sueldos (altos, medianos y pequeños) a muchísima gente, aunque no la necesite; solo porque el Poder siempre pretende hacerse sentir, política y socialmente repartiendo empleos, y porque el amiguismo es moneda de curso legal, con pejes gordos del oficialismo atentos a que los pececitos de su relación personal tengan la forma de “ganar” dinero.

Espacios para poder caminar

El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, aplicó con buen resultado el arte de persuadir y procurar solución negociada, sin merma de su autoridad, al problema creado por la desaparición de un tramo de acera imprescindible para que los transeúntes puedan discurrir con el menor riesgo posible por un borde de la transitada avenida John F. Kennedy. Un conflicto municipio-empresa que se superó con buena voluntad y recíprocos aportes.
Autoridades anteriores, edilicias y gubernamentales, rehuyeron el enfrentamiento inevitable para recuperar la acera desaparecida en una pasada ofensiva estatal para ampliar la vía entre las esquinas de las calles Gracita Álvarez y Luis Lembert. Este ejercicio de autoridad debe continuar en una ciudad plagada de espacios públicos usurpados en perjuicio del libre tránsito y el ornato.