Desde que se dio a conocer la lista de los 14 encartados sometidos por el procurador general de la Republica, Dr. Jean Alain Rodríguez, como presuntos responsables de actos de corrupción, soborno, sobrevaluaciones, lavado, contrataciones, en el bochornoso escándalo de Odebrecht que destapó Estados Unidos y la voz del pueblo, “Vox Populi, Vox Dei”, no se hizo esperar reclamando justicia:“No están todoslos que son, ni son todos los que están”.
Obviamente, no se le hizo caso. Cayó en oídos sordos. La selecta escogencia” no fue casual. Fue fríamente calculado. El Ministerio Públicocumplíainstrucciones precisas. Procuró, en vano, demostrar su independencia e imparcialidad involucrando a “mansos y cimarrones”en un mágico esfuerzo de equilibrista: dirigentes políticos y funcionarios de los dos partidos mayoritarios, desde el PRD de Hipólito Mejía (hoy PRM) hasta Leonel Fernández y Danilo Medina (PLD)y testaferros, mientras ignoraba elementos de prueba y evidenciasque pudieranafectar otros presuntos autores o salpicarniveles superiores del Gobierno que ni siquiera fueron citados, pudiendo,con sus declaraciones, esclarecer los hechos investigados o librarse de especulaciones; mucho menos perseguidos o condenados como virtualmente acontecióen otras latitudes donde jueces y fiscales resaltaron, por encima de toda circunstancia, la dignidad de la Patria y el deber de defenderla “caiga quien caiga.”
Ahora, luego de unafrustrante búsqueda, terminado el plazo extendido para robustecer su investigación y aportar nuevas pruebas contundentes que fortalecieran su maltrecho expediente, el procurador general sorprende con esta “joyita a la defensiva” de Grandes Ligas: libera a 8 encartados sacados del expediente por“insuficiencia de pruebas”y retiene a solo 7 de ellos incluyendo a un debutante del PRM.
Pero no hay por qué extrañarse. Era algo que se veía venir desde lejos. El rol del Ministerio Publico y fiscales adjuntos siempre estuvo claro. Un actor en escena. En un sistema seudo democrático, eminentemente presidencialista, es muy poco lo que cabe esperarse en términos de Justicia, igualdad de trato ante la ley eindependencia de los poderes del Estado.
La Constitución de la República,hecha a la medida, al referirse al Consejo Nacional de la Magistratura (Art. 178) indica que el mismo estará integrado por el Presidente de la Republica, que lo preside, o el Vicepresidente; los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, sendos legisladores del partido de oposición, así como el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el procurador general de la República, escogidos por el Consejo, al igual que los presidentes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral y suplentes. (Art. 179)
Es decir, toda una maquinaria de poder institucional queda en manosdel partido oficialista y delPresidente de la Republica quedispone de los fondos públicos,del endeudamiento del Estado, de prebendas y contrataciones (Odebrecht) para promover, financiar e inaugurar obrasy costosas campañas electorales que les garantizan su permanencia en el poder o de su partido mientras, adormecida la conciencia nacional,el pueblo iluso, sigue creyendo en elecciones libres y democráticas.