Es indiscutible que los equipos de transmisión adquiridos por la gestión del Dr. Roberto Rosario Márquez presentaron dificultades, que no hubo tiempo de realizar las pruebas suficientes; pero de eso a un informe del Departamento de Tecnología de la JCE concluir que no deben ser utilizados en las elecciones de 2020, parece una conclusión apresurada, extrema, para ser indulgentes con el informe y el autor.
La gestión de Roberto Rosario tuvo luces y sombras, como toda obra humana, pero es de justicia reconocer que organizó varios procesos electorales transparentes, que realizó un proceso de cedulación que permitió dotar a los ciudadanos de un documento con múltiples factores de seguridad y permitió depurar el padrón electoral; también los equipos y el apoyo del personal de la JCE fueron claves para el proceso de regulación de los extranjeros.
Volviendo al informe, resulta que la propia prensa escrita reveló que el Director de Tecnología de la JCE ingresó a la JCE a raíz de que el PLD, entonces en la oposición, presentó una serie de demandas para mejorar la confianza en el organismo electoral y entonces, acogiendo una propuesta de monseñor Agripino Núñez, fue designado Miguel Ángel García en una especie de cogobierno del departamento de tecnología, pero aparentemente nunca se logró el trabajo en equipo y en la gestión de Rosario salió de la JCE. Obviamente con ese precedente el informe del Sr. García debe ser tomado con “pinzas” por la posible subjetividad implícita en sus “hallazgos” y conclusiones.
Ahora bien, aun no se ha realizado una evaluación independiente y vemos como ciertos sectores políticos y mediáticos han comenzado una campaña contra Rosario, dirigido a desacreditarlo y llevarlo finalmente a un proceso judicial.
Es que hay sectores de una oposición díscola que no le perdonan el haber dirigido varios procesos electorales que no les favorecieron, pero para ciertos grupos mediáticos y ong el mayor delito de Rosario fue el papel jugado con el tema haitiano.
Resulta que la JCE, bajo la presidencia de Roberto Rosario, detectó millares de ciudadanos haitianos, quienes por la vía fraudulenta habían obtenido la nacionalidad. Uno de esos expedientes fue sometido ante el Tribunal Constitucional y constituyó la base de la histórica sentencia 168-13 que sencillamente estableció, lo que dicen todas las constituciones desde 1929: Que los hijos de extranjeros ilegales no son dominicanos. Tampoco son apátridas, como manipuló ese sector mediático, pues los hijos de haitianos, de acuerdo a su constitución, aunque nazcan en otra nación, son haitianos, el principio del jus sanguinis.
Si aquí se habló del tema haitiano, si aquí se inició un proceso de regularización fue gracias a esa sentencia y a la actitud responsable del pasado presidente de la JCE y eso no se lo perdonan y por ello ahora quieren aprovechar el expediente de los equipos para destruirlo moralmente.
Los actuales miembros de la JCE están a la espera de una auditoria de la Cámara de Cuentas, organismo que carece de los recursos y el personal para realizar una investigación a equipos especializados. En un caso tan delicado, que envuelve una importante suma de dinero, y además está el reclamo de pago de 13.7 millones de dólares de la empresa ganadora de la licitación y suplidora de los equipos, la firma española Indra; se debió contratar una empresa auditora, aquí las hay de calidad mundial, con la experiencia e incluso la posibilidad de utlizar expertos de empresas filiales para realizar una auditoria externa con la suficiente credibilidad.

Una auditoria de una empresa especializada permitiría determinar si los equipos funcionaron o el país fue timado por una empresa extranjera, permitiría determinar si pueden utilizarse en las próximas elecciones o sencillamente arrumbarlas en un almacén, incluso esa auditoria podría revelar si el precio contratado de los equipos era justo.