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En el preámbulo del libro “Aprendizaje y Desarrollo Profesional Docente” de la colección Metas Educativas 2021, publicada en Madrid en el año 2009 por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Álvaro Marchesi, Secretario General de dicha organización, expresa lo siguiente: “La calidad de la educación de un país no es superior a la calidad de su profesorado. De ahí la prioridad que la gran mayoría de las reformas educativas otorga al fortalecimiento de la profesión docente. Pero si el profesorado es clave para la calidad de la enseñanza, es preciso admitir también que no se puede mejorar la acción educativa de los profesores sin conseguir al mismo tiempo mayores niveles de calidad en el funcionamiento de las escuelas” “Una buena formación inicial –continuamos citando a Marchesi- tiene un efecto positivo en la actividad profesional de los docentes, pero, también contribuye a ello la buena actuación de los equipos directivos o el tiempo disponible por los profesores para trabajar en equipo”. Como bien lo expresara el Secretario General de la OES en su escrito al cual nos referimos “Las políticas públicas a favor del profesorado necesitan tener en cuenta estos contextos y condiciones para remover los posibles obstáculos que limitan el éxito de determinadas iniciativas orientadas de forma específica al desarrollo profesional de los docentes”. El ingeniero Ramón Flores en una de sus obras se expresa en ese mismo sentido. Desde esa misma perspectiva, los planteamientos para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de quienes se dedican al oficio de enseñar deben fundamentarse en enfoques contextuales en los que se tengan en cuenta todos los factores que contribuyan a facilitar el buen desempeño de los mismos en las aulas y laboratorios de clase.
El problema principal que enfrentamos en materia de financiamiento de la educación es el alto número de personas que aquí ejercen el oficio de enseñar. Más de 60 mil profesionales de la educación laboran en escuelas públicas. La nómina de los mismos sobre pasa el 22% del total, cuya financiación supone un alto porcentaje del gasto público. Un leve incremento del salario de los maestros acompañado de reducciones de los horarios lectivos para realizar actividades extracurriculares, incluyendo paros y protestas, conllevan gastos importantes de parte del Estado.
Está fuera de toda duda que las escuelas de tandas extendidas sean las que ofrecen mayores posibilidades de aprendizaje. Sus ventajas son evidentes. Pero, organizar las escuelas con una sola tanda supone un costo elevadísimo que exige un dilatado proceso para su implementación generalizada. En la actualidad, un millón de niños y adolescentes cursan estudios en escuelas públicas de tandas extendidas. El gobierno del presidente Danilo Medina contempla la idea de que antes de terminar su mandato todas las escuelas públicas del país funcionen bajo dicha modalidad. Como ciudadano y como educador nos alegramos de que así sea. Pero, ¿el comportamiento futuro de nuestra economía nos lo habrá de permitir?
Los objetivos que pretendemos alcanzar para mejorar la calidad y pertinencia de nuestro sistema de instrucción pública demandan de acuerdos políticos y sociales necesarios para alcanzar las metas deseadas, incluyendo el fiel cumplimiento de los compromisos que asumimos con la firma del Pacto Nacional para la Reforma de la Educación 2014-2030.
Me consta que los programas de formación y capacitación docente que se han diseñado para la ocasión se hicieron tomando muy en cuenta las necesidades de la sociedad y las competencias requeridas para un docente responsable de la formación de individuos en un mundo globalizado de mercados abiertos la competencia internacional.