Existe una fuerte sospecha entre especialistas de que algunos psicópatas, en países como el nuestro, logran camuflarse a través del sistema político.

El término psicópata (o trastorno de personalidad) se aplica a personas incapaces de sentir culpa o vergüenza, y que sufren y/o hacen sufrir a los demás por su conducta inadaptada. Usualmente se piensa en el psicópata antisocial, por ejemplo, los casos criminales, pero es perfectamente posible el psicópata pro-social, acostumbrado a vivir“ al filo de la navaja” en el mundo de los negocios, en religiones esotéricas, y en la vida política.

Esto es posible especialmente en sociedades con instituciones políticas débiles como sucede en América Latina. Es más difícil en una sociedad bajo el imperio de la ley. He hablado y escrito otras veces sobre nuestro “tigueraje” como un patrón cultural en el que prevalece “la maña”, “el chance” y “el allante” como sustitutos al imperio de la ley. Estas condiciones sociales son terreno fértil para que un psicópata escale posiciones sociales altas, tanto en el mundo de los negocios como en la vida política, e incluso, pueden darse coyunturas políticas en las que el psicópata tenga más herramientas para salir a flote a que una persona decente.

Debo confesar que he aplicado el test a algunos de nuestros políticos, con el riesgo de unas preguntas intimas que quedan sin respuesta, pero, a pesar de todo, me sale psicopatía. Obsérvese, por ejemplo, los primeros siete ítems: “locuacidad/encanto superficial”; “concepto elevado de la propia valía”; “necesidad de estimulación/tendencia al aburrimiento”; “mentiras patológicas”; “engaño/manipulación”; “ausencia de remordimiento y sentimiento de culpa”, y “profundidad escasa de los sentimientos”.

Algunos ítems tendrían que verificarse por la investigación directa, por ejemplo, “conducta sexual promiscua”, “problemas de conducta precoces” o “relaciones de pareja múltiples y breves”, mientras que otras, por tratarse de psicópatas prosociales, estarían ausentes, v.g., “crueldad/falta de empatía”, “estilo de vida parasitario”; “delincuencia juvenil”, o, “revocación de la libertad condicional”.

Sin embargo, los ítems restantes son claramente aplicables: “control deficiente de la conducta”; “falta de metas realistas a largo plazo”; “impulsividad”; “irresponsabilidad”; “incapacidad de aceptar la responsabilidad de los propios actos”, y “versatilidad delictiva”.

El “Psychopathy Checklist” o PCL-R es el instrumento más utilizado para determinar la presencia de psicopatía, y fue desarrollado en los años 70 por Robert D. Hare, un psicólogo canadiense, a partir de varones ofensores y casos forenses en la ciudad de Vancouver. La prueba solo se aplica en escenarios forenses y en manos expertas, por lo que nadie debe intentar una aplicación caprichosa.

La pregunta es, si en un país donde reina una impunidad flagrante como sucede hoy en República Dominicana, no podría suceder que algunos psicópatas dominen la vida política y comercial. Algunos psicólogos en otros países de habla hispana se han hecho la misma pregunta, y sus respuestas ha sido afirmativa. La pregunta es muy seria: ¿exigimos honorabilidad a nuestros políticos, o hacemos el juego a lo mal hecho?

La gente que se reputa de seria tiene que comenzar a poner fronteras con el delito y la corrupción, pues, de lo contrario, caemos en la complicidad.