Los profesores y la reforma de la educación

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El punto de partida del Pacto Nacional para la Reforma de la Educación presentado por el Gobierno de Danilo Medina se centra en la calidad de los servicios y en los componentes necesarios para que nuestro Sistema de Instrucción Pública los garantice.

Su desvelo es cómo diseñar y desarrollar una política educacional que ofrezca a los egresados de institutos politécnicos y de universidades públicas y privadas el nivel de cualificación necesario para desempeñarse como ciudadanos productivos capaces de contribuir con el desarrollo y ordenamiento social del país. A partir de ese planteamiento, el mencionado Pacto no hace más que reafirmar los principios básicos en los que debe basarse la educación (todas las personas tienen derecho a la educación pre-universitaria; y la educación superior estará al alcance de todos en función de sus méritos) e identificar el tipo de acuerdo social capaz de proporcionar una educación eficiente, efectiva y creativa. En dicho Convenio se pone muy de manifiesto la obligación del Estado de propender a la profesionalización, a la estabilidad y dignificación de los docentes.

La expansión y mejora de nuestro Sistema de Instrucción Pública es vital para responder a las necesidades económicas y sociales de hoy. El cortar cañas en un ingenio azucarero o el recolectar semillas de café en una finca no les exigía a las personas que se dedicaban a esos oficios el haber cursado estudios básicos. Afortunadamente, ya dejamos de ser una nación enteramente agroexportadora con la contrapartida de que una alta proporción de los puestos de trabajo actualmente disponible en nuestros mercados requieren de una titulación media o superior. Nunca había sido tan necesario elevar la calidad de los servicios de educación como lo es hoy.

El profesor Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP y diputado de la República, advirtió, en unas de sus más recientes declaraciones, que continuará la lucha hasta lograr un nuevo aumento salarial, bajo el alegato de que el monto de 15 mil pesos por tanda no es suficiente para que un profesional de la educación viva dignamente. Reconocemos la validez de dichos planteamientos; pero, tenemos a bien recordarle al esforzado maestro y alto dirigente del partido oficial que el Ministerio de Educación es el mayor empleador del país; que su nómina representa más del 20% de la nómina de todo el sector público, por lo que, un incremento salarial por pequeño que fuera conlleva aumentos considerables de las partidas presupuestarias destinadas a educación.

Todos coincidimos en afirmar que no hay manera de elevar la calidad de un sistema de instrucción pública si no se cuenta con profesores bien formados, capaces de formular y ejecutar políticas públicas adecuadas a los fines que perseguimos. Nuestros lectores se preguntarán, ¿disponemos en número suficiente de docentes, además de bien formados, preocupados por el bienestar del país? Mi respuestas es que sí. ¿Qué nos falta? El que esos profesionales de la educación asuman una postura responsable más a tono con sus demandas y planteamientos.

Espectáculos como el escenificado en San Juan de la Maguana, a principios de septiembre próximo pasado, cuando los comités provinciales y municipales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) decidieron suspender la docencia durante el viernes 6 y lunes 9, en protesta por el “incumplimiento de las promesas hechas por las autoridades educativas locales” no deben volver a repetirse. En esa ocasión, representantes de las organizaciones sociales, de servicios religiosos, profesionales y culturales de esa provincia sureña rechazaron el comportamiento de los profesores preguntándoles “si se iban a pasar la vida perjudicando a los hijos de las familias más pobres del país.