La oposición venezolana extenderá a toda Venezuela su protesta convocada para hoy en Caracas, en abierto desafío al gobierno de Nicolás Maduro, que prohibió manifestaciones que afecten la votación el domingo de la Asamblea Constituyente.
En un ultimátum para que Maduro suspenda la elección, los opositores cumplen el segundo día de una huelga de 48 horas, que dejó 7 muertos -3 el miércoles y 4 ayer-, que elevaron a 112 los fallecidos en las protestas que iniciaron hace cuatro meses.
La MUD advirtió que si el gobierno no da marcha atrás con Constituyente, pese a la huelga y la marcha de hoy, «boicoteará» la votación para elegir a los 545 asambleístas que reformarán la Carta Magna y que regirán el país por tiempo indefinido con facultades absolutas.
Buscando calmar las aguas, el mandatario planteó a la oposición iniciar un diálogo antes de las votaciones, en un discurso en el que sin embargo ratificó que su proyecto no tiene marcha atrás. «Propongo a la oposición política venezolana que abandone el camino insurreccional (…) y que instalemos en las próximas horas, antes de la elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, una mesa de diálogo», dijo ante una multitud de seguidores, en el cierre de campaña.
La Constituyente echó leña al fuego en un país polarizado y sumido, pese a su riqueza petrolera, en una profunda crisis económica, donde la comida y las medicinas escasean, los precios suben todas las semanas y el salario no alcanza para nada. «Nos va a traer más hambre y miseria, no queremos ser otra Cuba», dijo Carmen Álvarez, comerciante de 60 años.
Zonas de la capital y de otras ciudades estaban semiparalizadas y en varios sectores ocurrieron choques entre las fuerzas de seguridad y manifestantes.
El ministro del Interior, Néstor Reverol, anunció que a partir de hoy quedan prohibidas las manifestaciones que perjudiquen los comicios, y amenazó a quienes organicen y realicen actos para interferir en la votación con «prisión de cinco a diez años».
Reverol garantizó la seguridad del proceso durante una comparecencia con la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena, ambos incluidos en una lista de 13 funcionarios y militares sancionados la víspera por el gobierno de Donald Trump.