Mala enseñanza de la ADP

Lo racional y maduro hubiera sido que la ADP se acogiera a los medios de la ley para recurrir la sentencia de un juez de Barahona que condena a la seccional de ese gremio al pago de 50 mil pesos por cada día de interrupción de la docencia. Sin embargo, el sindicato ha preferido invocar su rechazo a esa sentencia y el derecho que, según dice, le asiste para hacer huelgas. Es una mala enseñanza que una organización de maestros que perjudica a los estudiantes con paros de docencia, también desprecie el instrumento de la apelación y se incline por el ejercicio de la fuerza.
La directiva nacional de la ADP, que firmó con el Ministerio de Educación un acuerdo mediante el cual acepta la proporción de aumento salarial ofrecida por el Gobierno, y ponerle fin a los paros, ahora recula para apoyar a la facción condenada por un juez de Barahona por poner en riesgo el año escolar en varias provincias del sur del país.
Siempre hemos defendido la causa de los maestros por mejores reivindicaciones, pero objetamos de manera resuelta que tomen a los estudiantes como escudo para impulsar sus demandas. Lo justo es que ganen un salario adecuado y que haya compensaciones por desempeño. Pero invocar el derecho al uso de la fuerza por encima del recurso que dispone la ley para combatir una sentencia, es una enseñanza que desborda lo racional.

Criterio de piñata

El proceso de capitalización de las empresas públicas trazó las pautas que con el tiempo han permitido manejar con criterio de piñata los terrenos y propiedades industriales del Consejo Estatal del Azúcar. Por ejemplo, la firma mexicana que arrendó el ingenio Boca Chica canibalizó la parte industrial supuestamente para rehabilitar el ingenio Ozama. El resultado fue que ambas factorías sucumbieron a la depredación y sus terrenos, equipos y metales fueran vendidos a precio de vaca muerta.
Muchas de las tierras del CEA han sido vendidas a precios irrisorios y ningún organismo estatal con autoridad para fiscalizar estos negocios ha hecho nada por recuperar el patrimonio estatal. El criterio de piñata se ha impuesto con el apoyo de los partidos políticos que han ocupado el poder. En eso sí ha funcionado la continuidad.


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