Los accidentes de tránsito son aquellos que se producen por errores humano, ausencia de señalizaciones vertical y horizontal, personal con poca preparación en el área de tránsito y la falta de mantenimiento en las vías.
Es importe destacar que la señalización en las vías no solo debe ser horizontal como señaló el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, al anunciar que esa entidad pública inicio un plan de señalización horizontal en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, con el objetivo de reducir el número de víctimas por accidentes de tránsito. (El Nacional viernes 27 de enero de 2017).
Aparte de que no es cierto que esta única acción y a ejecutarse en dos ciudades, reduzca accidentes, máxime cuando las carreteras, calles y caminos vecinales del país están llenas de hoyos por falta de bacheo y el restante 40% carece de asfaltado. La señalización vertical es tan importante como la horizontal.
El estudio de los accidentes de tránsito es una de las asignaturas más importantes en la especialidad de Ingeniería de Transito, ya que se aprende a conocer las causales, y con estos podemos analizar las diferentes soluciones al problema para salvar vida y cuantiosos recursos económicos.
En nuestro país es evidente que la falta de drenaje está produciendo grandes daños a las vías, lo que provoca la mayor cantidad de muertes por accidentes, pues muchas veces el conductor, por tratar de evadir o no caer en un hoyo, termina accidentándose.
La inmensidad de hoyos, unida a la no presencia de señales, pone a cada minuto en peligro la vida de miles de ciudadanos que circulan por las vías.
Solo al transitar por la carretera Duarte, en su trayecto de Santo Domingo a Santiago de los Caballeros, y la Autopista de las Américas desde el Distrito Nacional a San Pedro de Macorís, se observan incontables hoyos en la vía, que no tan solo producen letales accidentes, sino que también provocan deterioro a los vehículos y discapacidad a las personas a causa de los terribles accidentes, y ni hablar de nuestras calles, aceras y contenes de los barrios de los pueblos del país.
Según dato del Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), todos los años casi 1,3 millones de personas pierden la vida a consecuencia de los traumatismos causados por el tránsito. De continuar la tendencia actual, en 2030 las colisiones en las vías de tránsito se habrán convertido en la quinta causa más importante de muerte.
Otro informe presentado en el 2013, con datos recogidos a principios de 2011 en todos los Estados Miembros de la OMS que quisieron participar, trabajo que se realizó a través de las oficinas regionales y las oficinas en los países de la Organización, dice que la República Dominicana ocupa el segundo lugar de los 182 países pertenecientes a las Naciones Unidas con más muertes de tránsito por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 41.7 fallecimientos.
En octubre del 2015 se presentó un tercer informe que, proporciona cifras que deben preocuparnos a todos, principalmente a las autoridades, el estudio señala que cada año mueren cerca de 1.25 millones de personas en las carreteras del mundo entero, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales.
Para reducir el número de accidentes de tránsito, habrá que acelerar el ritmo de los cambios legislativos y las medidas de aplicación, así como prestar una mayor atención a los usuarios más vulnerables de la vía pública, como los peatones, los ciclistas y los motociclistas. Señala el referido informe.
Un hecho a tomar en cuenta es que el Ministerio de Obras Públicas Y Comunicaciones (MOPC), a través de la Dirección General de Mantenimiento de Carreteras y Caminos Vecinales, no ha contado con los recursos económicos necesarios para aplicar una política real de mantenimiento en infraestructuras viales, por lo que se ha visto obligado a las reconstrucciones o reparaciones de éstas. El mantenimiento es uno de los elementos más importantes para el desarrollo de un país, ya que significa mayor calidad de vida y ahorro.
La existencia de una organización pública se basa en la justificación económica y social de la satisfacción de las necesidades y demandas de sus ciudadanos.