El colectivo Marcha Verde exigió hoy la apertura de una investigación penal del proceso de compra y uso de los equipos tecnológicos utilizados por la Junta Central Electoral (JCE) para el escrutinio y la transmisión de los resultados de las elecciones generales del pasado año 2016.

Indicó que si los actuales miembros de la JCE dejan el caso de los escáneres como un caso más de irregularidades y corrupción, serán tan responsables del hecho como los anteriores.

El colectivo realizó la solicitud luego del informe de la dirección de Informática de la JCE, que recomendó a los miembros del pleno no usar los equipos adquiridos por esa institución a un costo superior a los 39 millones de dólares, para las elecciones del años 2020.

Aseguró que si la empresa española Indra, presuntamente envuelta en casos de corrupción y fraudes en diferentes partes del mundo, entregó aparatos defectuosos «y además controló absolutamente todo lo relacionado con el conteo y la transmisión de los votos, se estaría ante una suplantación de las funciones de la JCE como órgano administrativo del sistema electoral».

“El informe técnico habla de un control ilegal del proceso de conteo de votos y transmisión de actas, así como la aparición de actas con serias irregularidades en su contenido. Esta situación cuestiona todo el sistema electoral dominicano y fortalece razonablemente los cuestionamientos a la legitimidad de la elección del presidente Danilo Medina y los actuales integrantes del Congreso Nacional y los ayuntamientos”, el colectivo en un comunicado.

De igual manera, el movimiento hizo un llamado a toda la ciudadanía y a los sectores organizados para que no dejen pasar por alto estas denuncia que calificaron como graves, «pues de hacerlo se estaría permitiendo la imposición del engaño, la contratación irregular de empresas extranjeras y el fraude».

“Los actuales titulares de la Junta Central Electoral no están para hacer denuncias ni filtrarlas a los medios. Tienen la responsabilidad de hacer los sometimientos que sean necesarios para garantizar una sanción para los responsables y aclarar la condición en que las actuales autoridades fueron electas”, afirmó Marcha Verde.

Agregó que las informaciones que están saliendo a la luz hacen pensar a la población si el 62% de los votos obtenidos por el presidente de la República Medina, es una expresión de la voluntad popular «o un número redactado por los empleados de una empresa mafiosa como lo es Indra».

El presidente de la JCE,, Julio César Castaños, dijo ayer que la decisión que tomará el pleno respecto a las recomendaciones de la Dirección de Informática, “dependerá de lo que finalmente diga la Cámara de Cuentas; de lo que digan nuestros informes técnicos y de lo que digan nuestros abogados”.