El año pasado fueron sometidas a la justicia más de 60 personas acusadas de explotación sexual comercial, proxenetismo, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
La información la ofreció el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien destacó los esfuerzos que se realizan para combatir este flagelo.
Al agotar un turno durante el lanzamiento del Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que coordinó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), el máximo representante del Ministerio Público sostuvo que la Procuraduría ha sido facultada por la Constitución y las leyes para diseñar las políticas de prevención y persecución de la criminalidad en todas sus formas.
En ese contexto, reiteró su compromiso con el cumplimiento de ese rol.
“Estoy seguro de que juntos, con compromiso y dedicación, marcaremos una gran diferencia. No cabe ninguna duda de que avanzaremos y continuaremos dando respuestas contundentes a esos graves hechos que afectan principalmente a poblaciones vulnerables como las mujeres, los niños, niñas, adolescentes y personas indocumentadas», precisó.

El magistrado agregó que procuran unir recursos y capacidades junto a nuevas estrategias y la aplicación rigurosa de la ley 137-03 que sanciona esos hechos.
Canciller. De su lado, el canciller Miguel Vargas dijo que el documento “constituye una política pública efectiva para asistir a los afectados por estos delitos”.

Indicó que el plan fue elaborado por la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Citim), presidida por el Mirex, e integrada por otras 14 instituciones.
Además, contó con la colaboración de otras entidades no gubernamentales e internacionales, y el apoyo técnico y financiero de la organización Misión Internacional de Justicia (IJM).
Negocio lucrativo. El ministro de Exteriores señaló que la trata de personas, sobre todo, con fines de explotación sexual y de trabajos forzados es considerado “el tercer negocio criminal, más lucrativo después del narcotráfico y el tráfico de armas”. Por ello-insistió Vargas- la importancia de esta nueva herramienta operativa intersectorial.
“Estamos hablando de delitos transnacionales, muchas veces mortales, siendo necesario que se aborde desde un enfoque de corresponsabilidad, tomando en cuenta que la posición territorial del país como origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, expone a nuestros nacionales y extranjeros a las redes de los grupos delictivos organizados”.
El acto, que se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo encabezaron junto al canciller y el procurador; la viceministra para Asuntos Consulares y Migratorios, Marjorie Espinosa; el director de la Policía, mayor general Ney Aldrín Bautista Almonte; la ministra de la Mujer, Janet Camilo, y el director nacional de la Misión Internacional de Justicia, Fernando Rodríguez.