Más vale acoger el consejo del FMI

Ha quedado demostrado por múltiples medios que nuestro modelo fiscal no permite alcanzar las metas necesarias. Una estructura tributaria regresiva con demasiadas exenciones, una tasa de evasión insostenible y exoneraciones injustificables. Por eso, ninguna de las reformas tributarias aplicadas ha logrado sacar la economía del déficit fiscal permanente. Desde hace mucho se ha estado proponiendo ampliar, y tal vez universalizar, la base del impuesto sostén de los ingresos fiscales (el ITBIS), atenuar su tasa y eliminar las exenciones del mismo. Ahora, esa propuesta viene del recetario del Fondo Monetario Internacional (FMI) y más vale que le hagamos caso para librarnos de que entre el déficit fiscal y el endeudamiento nos lleven a una encerrona financiera que desestabilice la economía.
Muchos entendidos consideran que la alta evasión del ITBIS obedece a la alta tasa de ese impuesto, la inequidad causada por las exenciones que disfrutan algunos bienes y servicios, y las exoneraciones de otros impuestos que favorecen a grupos económicos. Una generalización del ITBIS con una tasa moderada cortaría las alas a la evasión y permitiría especializar fondos para atender programas sociales esenciales. El FMI nos está dando un consejo muy sano, cuya ponderación debemos poner en orden de prioridades. Alimentar la inequidad fiscal ya nos ha hecho bastante daño.

Su majestad Lajun

El transporte de basura hacia el vertedero de Duquesa se da a cuentagotas, a la marcha que ha impuesto la empresa que administra ese depósito. Debido a esa situación, los desperdicios se acumulan en los municipios que dependen de ese enclave para depositar los desechos sólidos. Por tanto, la amenaza para la salud de millones de ciudadanos es grave y permanente. El pataleo de los ministerios de Medio Ambiente y Salud Pública, así como de los gobiernos municipales del Gran Santo Domingo no han generado ganancia de causa y ni siquiera se ha logrado poner en claro la legitimidad de la propiedad del terreno del basurero.
Parece razonable la percepción de que la empresa que administra Duquesa se apoya en poderes fácticos difíciles de moderar. ¿Alguien puede demostrar lo contrario?


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