Las actuales interrupciones en el suministro eléctrico, que parecen desarticular el compromiso de permanencia por 24 horas, crean interrogantes sobre el criterio oficial que confiere al alto costo de la generación una razón principal en la crisis del servicio. Con el factor de pérdidas, tanto técnicas como las derivadas de la falta de cobros de la energía de alrededor de un tercio de la despachada, este país está atascado en una ineficiencia que merece más atención con cientos de miles de consumidores practicando robos y fraudes para no pagar la luz. La electricidad que se anuncia generará el controversial carbón, altamente contaminante, será también echada por la borda si no se superan los enormes vacíos de cobro y los preocupantes costos de distribución, aspectos de pocos logros a través del tiempo, mientras se pretende llevar tranquilidad a la opinión pública con formulaciones de mejorías a futuro.
El objetivo de normalizar financieramente el comercio eléctrico tiene como contrariedad las debilidades de mecanismos para la detección y sanción del hurto. El temor a los efectos políticos de eliminar considerablemente las conexiones ilegales y hacer caer en culpa a los defraudadores de alto nivel social y empresarial pesa más en el ánimo de las autoridades del sector que la contundente realidad de que es imprescindible eliminar pérdidas y disminuir costos administrativos para sacar a camino a la industria eléctrica.

Planteamiento de reclamos

Los clarines del optimismo, impulsados por la apreciación de que la economía crece excepcionalmente, no quiere decir ni muchos que deba prescindirse de acciones y políticas para que el país alcance condiciones estructurales más favorables a la producción y al desarrollo. Sectores que generan bienes y servicios se quejan constantemente de condiciones adversas que aumentan costos, incluyendo el financiero, y propician competencia desleal e informalidad. Determinadas actividades ameritan programas de estímulo para enfrentar el auge de las importaciones. Gran parte de la economía crece fuera de regulaciones y de tratamiento fiscal; excluida de servicios bancarios y de compromisos con la seguridad social. La marginación deriva en empleos de muy baja calidad dejando a mucha gente fuera del progreso que debe acompañar al crecimiento.