Quise saber sobre cuáles bases se sustenta nuestro sistema actual de verificación fármaco-terapéutica e hice dos consultas: Una telefónica y la otra personal, incluyendo testigos. La primera fue con el instituto de patología forense (en la zona universitaria) donde me informaron que realizan pruebas toxicológicass a los cadáveres a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) salvo los estudios de ADN que son enviados a Estados Unidos y la segunda fue en el Departamento de Drogas y Farmacias del Ministerio de Salud donde me confirmaron que pueden verificar la composición química de cualquier medicamento porque tienen los equipos y el personal necesarios para ello. Como ciudadano me sentí regocijado, pero la satisfacción fue cercenada cuando, en ambas instituciones, me informaron que debía llevar una orden judicial o de un fiscal para proceder con los estudios. En otras palabras, si era un caso relacionado con un crimen ligado al uso de drogas narcóticas o se trataba de un paciente que sospechaba que le habían vendido una cápsula de harina en vez de una sustancia terapéutica para una enfermedad que, lógicamente, no mejoró, no se curó o murió por inutilidad del medicamento, debían buscar una orden de un fiscal para comprobar su sospecha o la de sus familiares.
Gran cantidad de medicamentos que se comercializan en nuestro país proceden de la India, China o Centroamérica, lugares donde la falsificación de productos farmacéuticos es tan voluminosa que oscila entre un 15 y un 35%.
Ojalá que esa plaga mafiosa no se entronice en nuestro país, porque, aunque muchas enfermedades se curan solas, hay otras que sin medicamentos auténticos terminan con el paciente en una auténtica sepultura.