La Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia advirtió ayer que la modificación del Código Penal constituye un atentado a los derechos de las mujeres dominicanas y a los ciudadanos en general.
Se refiere la Sociedad a la modificación del código que condena a 10 años de prisión al personal de salud que participare de alguna forma en la interrupción de un embarazo. La reacción de los ginecólogos está contenida en un documento entregado a los medios.
“La aprobación de modificación del Código Penal por parte de la Cámara de Diputados, con la que se reitera el marco jurídico del año 1884 que establece la penalización del aborto con pena de dos a tres años incluyendo a la mujer que lo cause, persona que le ayude, médico, enfermera, partera, cirujano, farmacéutico u otro profesional involucrado, extendiéndose a condena de cuatro a diez años, representa un atentado contra los derechos de las ciudadanas dominicanas y de toda la población”, dice el comunicado.
La decisión pone en riesgo el ejercicio profesional de los obstetras, cirujanos, enfermeras y farmacéuticos, que bajo condiciones excepcionales cumplan con el deber de tratar a mujeres embarazadas que cursen con condiciones que pongan en riesgo sus vidas, bajo circunstancias en las que el feto sea portador de una condición incompatible con la vida extrauterina, ante la brutal aberración del incesto o la violación.
La mortalidad materna asociada al aborto se realiza en el país bajo condiciones inseguras es de un 8 por ciento, y la mayoría de las defunciones ocurren en mujeres jóvenes, incluso adolescentes.
“El aborto se constituye en un problema esencialmente sanitario, cuya prevención radica en la educación sexual, la disponibilidad de anticonceptivos y las posibilidades de acceder a servicios de aborto seguro bajo circunstancias específicas, por lo que el tema se relaciona directamente con los indicadores vinculados a los niveles de desarrollo social de nuestro país”, aseguran los médicos.
Un llamado. Los especialistas en la salud de la mujer hicieron un llamado a que sea reconsiderada la decisión de la Cámara de Diputados, y que el Senado, junto al Poder Ejecutivo reorienten la decisión y sea incluida la legalización del aborto bajo las excepciones especificadas.
“La prevención del aborto inseguro, el respeto a los derechos de la mujer y el desarrollo de un marco legal que favorezca las garantías de intervenciones médicas que revierta la morbilidad asociada al aborto es un reclamo de la sociedad dominicana”, proclama la Sociedad de Ginecología.
Insólito Solo cuatro países de la región mantienen leyes que prohíben el aborto en toda circunstancias, el sistema de salud, en particular, los hospitales de atención obstétrica reciben los resultados del aborto inseguro, el drama incluye, perforación uterina, discapacidades, sepsis y muertes prematuras.
Los médicos aseguran que el Senado y el Poder Ejecutivo como instancias de representación de la sociedad decidirán a favor o en contra de la vida.