En México se producen dos tipos de autos: los automóviles para países ricos y los de los mexicanos, que son más inseguros.
El sector automotor mexicano maneja un doble estándar de seguridad que pone en riesgo la vida de los mexicanos. Cuando la autoridad buscó mejorar la norma, la industria descarriló esos esfuerzos.

Debido a que más del 80 por ciento de los vehículos producidos en México son destinados a la exportación, las plantas mexicanas están totalmente equipadas para cumplir con las normativas de seguridad más estrictas del mundo.
Sin embargo, México no cuenta con las mismas normas, y los críticos de la industria le dirían que eso se debe en gran parte a resistencia por parte de las armadoras.

Grupos que exigen una norma oficial más rigurosa han tomado el accidente del 20 de julio como prueba de todo lo que falta.
La Nissan Urvan 2016 involucrada en el accidente no estaba equipada con bolsas de aire ni tenía cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje en la parte trasera o un sistema de frenos antibloqueo, todos requisitos que no serán obligatorios hasta 2020 para los vehículos vendidos en México, pero que desde hace tiempo son forzosos en Estados Unidos y en economías más avanzadas.

“Es deplorable”, señaló Alejandro Funes, director del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe. La organización sin fines de lucro, conocida como Latin NCAP, ha cabildeado durante años para que México actualice las normas de seguridad.
México no es el único país con estándares laxos en materia de seguridad vehicular, pero su posición como uno de los principales productores lo pone en el punto de mira.
El sector automotor ha sido una de las grandes historias de éxito para la nación en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con más de 26 mil millones de dólares en inversión extranjera directa en los últimos ocho años. Casi todos los grandes en la industria, desde Ford Motor Co. hasta Volkswagen AG, tienen plantas en el país.

Aunque los defensores de los consumidores culpan tanto a las compañías como al gobierno por resistirse al cambio, reservan las críticas más duras para las automotrices, incluidas las diez con sede en Estados Unidos y otros países que tienen fábricas en México produciendo también para el mercado doméstico.
“Lo que dicen estas compañías es ‘cumplimos con la normativa del país e incluso vamos más lejos de lo exigen’”, dijo Stephan Brodziak, coordinador de seguridad vehicular en El Poder del Consumidor, una organización que busca defender los derechos de los consumidores.
“Pero lo que no te dicen es que ellos están sentados en la mesa donde discuten las especificaciones de lo que va a contener la regulación y que previenen que sean más estrictas o alargan los tiempos”, manifestó.