Miembros CES creen se perdió oportunidad para pacto fiscal

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El  Gobierno perdió una oportunidad de oro al no consensuar con los sectores sociales y económicos congregados en el Consejo Económico y Social (CES) las directrices de una reforma fiscal integral contenida en la Estrategia Nacional de Desarrollo.

La afirmación es del sacerdote Mario Serrano, representante de los sectores sociales en el CES, quien consideró que la actitud del Gobierno, de retirarse del diálogo y someter al Congreso Nacional su proyecto de reforma, dejó desconcertados a los miembros del citado organismo.

Al destacar que él se resistió en principio a participar en el CES, por temor a que se repitiesen experiencias anteriores, señaló que esta vez se le habló de un gran pacto nacional.

“Esta vez nos hablaron de pactos, el gobierno se acerca para desarrollar el pacto fiscal, no se trataba de una propuesta tributaria, sino de un pacto global sobre los ingresos, los gastos, la estructura de recaudación y de las prioridades nacionales”, refirió en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Mayra Jiménez, representante del sector sindical en el CES, expresó que  resulta preocupante y decepcionante que desde la opinión pública se perciba que el proceso concluyó, porque la razón de ser de esta instancia es una reforma fiscal integral.

“Lo que  se vio en el CES, en principio,  fue un acuerdo  para una metodología que implicara una discusión sobre un pacto fiscal, el proceso entonces de ver el tema presupuestario para el año 2013 lo trastornó todo porque esa  no era la convocatoria”, manifestó.

Pese a eso, dijo, se entendía que con el presupuesto de 2013 se debía  mandar un mensaje de que el Gobierno se encaminaba hacia la Estrategia Nacional de Desarrollo.

“Siempre tuve la preocupación de que se nos convocaba para solucionar el problema presupuestario de cuatro años, solamente”.

Las reuniones entre el CES y el equipo económico del Gobierno se mantuvieron hasta la tercera semana de octubre, cuando se desestimó la propuesta del referido organismo de incrementar los ingresos a través de la calidad del gasto.

El CES entendía que las autoridades debían diseñar un presupuesto de  RD$410,000  millones, lo cual no tuvo respuesta, por lo que se rompió el diálogo, enviándose al Congreso, de inmediato, el proyecto de reforma fiscal.

Lucha de intereses.  Pepe Abreu, quien también es del sector sindical, refirió que no debe sorprender en lo que concluyeron las reuniones del CES con el Gobierno, por un asunto de intereses.

“Los sindicatos no íbamos a apoyar medidas que afectaran a los empleados, ni los empresarios las que impactaran negativamente en su sector, y el sector social tampoco apoyaría que se graven los productos que consumen las mayorías.

“Naturalmente, ahí nosotros tenemos que admitir que cometimos una falla y fue la de involucrarnos en una discusión sobre el presupuesto de 2013, que implica una reforma tributaria, por lo que debimos decir que no estábamos para eso”, destacó Abreu.

De manera que, una reforma fiscal, concebida sólo para aumentar impuestos, no va a ser concertada  por los sectores productivos.

Reforma integral.  Circe Almánzar, quien representa al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) en el CES, dijo que una reforma fiscal integral implica una revisión de la estructura del gasto para mejorarlo, que se eficientice la administración tributaria para disminuir la evasión, ya que eso es lo que está contenido en los principios del CES.

“Nosotros creamos una serie de principios, no estamos negados a discutir un pacto fiscal, pero lo que entendemos es que, al introducir una reforma tributaria de aumento de impuestos, se impidió crear un aparato fiscal que sostenga la economía a largo plazo”.

Sobre el particular añadió que las últimas reformas tributarias no han aumentado la presión tributaria, pero sí las tasas, “por eso hay que discutir los problemas estructurales que tiene el aparato productivo dominicano”.

Roque Félix, que representa al sector social, explicó que si hubo un error en el proceso fue de cálculo y fue el de el Gobierno pretender que su propuesta recaudatoria de impuestos, de cara al presupuesto de 2013, fuera aprobada en el espíritu de un pacto fiscal.

Dijo que lo que se debe ver, a largo plazo, cuando de verdad se quiera realizar una reforma fiscal integral, es una presión tributaria a partir de una dinamización ampliada de los sectores productivos que están rezagados por acceso a crédito, a las tecnologías, a mercados seguros.

“De lo que hablamos es de incrementar la presión tributaria, pero a través de un aumento de la competitividad”, destacó.

Las propuestas

Los miembros del CES negaron que no les presentaran una propuesta concreta al Gobierno, como dijeron algunos representantes del equipo económico.

En tal sentido, Roque Félix explicó que el ministro de Economía, Temístocles Montás, con cierto dejo de burla, les pidió las propuestas y ellos comenzaron con el análisis del presupuesto del 2011 y de las variables macroeconómicas y luego hicieron un presupuesto alternativo.

 “Entonces le planteamos que si incrementan en un 23% el gasto, con respecto al 2011, pueden elaborar un presupuesto que rondaría los RD$420,000 millones”.

Pero también se les planteó, dijo el economista, que podían incrementar los ingresos reduciendo las partidas a la Junta Central Electoral y al Congreso Nacional. También se les propuso que se llevaran los gastos de personal al tope del 2011, incluyendo recortes en el contexto de la austeridad.

La reducción de los gastos en publicidad se propuso como alternativa, bajándola a más de un 50%, precisó Félix.

Las claves

1. ¿Los utilizó el gobierno?

A los miembros del CES se les preguntó si los habría  utilizado  el Gobierno, que los convocó para una cosa e hizo otra. De entrada respondieron que no. Circe Almánzar explicó que “no fuimos tontos útiles porque le externamos una posición al Gobierno que está reflejada en documentos; hubiésemos sido tontos útiles si no nos hubiésemos puesto de acuerdo como lo hicimos, pese a nuestras diferencias”.

2.  Conservaron autonomía

Roque Félix, del sector social, afirmó que no fueron utilizados por las autoridades porque cada grupo conservó su autonomía y construyeron, a partir de sus diferentes fuentes de análisis, elementos que posibilitaran un acuerdo que se enmarcará en la Estrategia de Desarrollo.


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