Ministerio Público deposita apelación contra resolución pone en libertad a Díaz Rúa y Rondón Rijo

Ministerio Público deposita apelación contra resolución pone en libertad a Díaz Rúa y Rondón Rijo

Víctor Díaz Rúa y Ángel.

El Ministerio Público informó hoy que depositó un recurso de apelación contra la resolución emitida por el juez de la Instrucción Especial Francisco Ortega Polanco, que puso en libertad provisional bajo garantía económica a Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa, implicados en el caso de los sobornos otorgados por Odebrecht.

La institución expresó en un comunicado que la variación de las medidas de coerción a esos imputados carece de fundamento, «porque no han cambiado los presupuestos que en junio pasado le fueron presentados al mismo juez Ortega Polanco para imponerlas».

En ese sentido, llamó a la ciudadanía a permanecer atenta y vigilante de los jueces que conocerán esta apelación, destacando que luchar contra la corrupción y la impunidad es una tarea que debe involucrar la participación de toda la sociedad.

Recalcó que a pesar de la variación en las medidas de coerción, tanto a Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas, y Rondón Rijo, empresario, así como a otros de los 14 implicados hasta el momento, «el caso Odebrecht continúa abierto, por lo que todos los responsables deberán responder en los tribunales por los delitos que se les señalan».

Defendió la labor realizada por el equipo de fiscales de carrera a cargo de esta investigación, calificando además extemporáneo o interesado decir que el expediente construido hasta ahora es débil.

El Ministerio Público resaltó que con los datos y evidencias recabados en el país por esos fiscales, junto a los testimonios, archivos, documentos bancarios, contratos, emails y cientos de informaciones suministradas por Odebrecht, a la fecha, el Ministerio Público puede garantizar que tiene en sus manos un caso fuerte.

Señaló igualmente que no obstante, ese equipo de fiscales de carrera continúa recolectando más elementos probatorios, para dentro del plazo de 8 meses concedido en junio pasado por el juez Ortega, presentar una acusación que asegure sanciones ejemplares para todos los involucrados en el entramado ilícito orquestado en el país, bajo auspicio de la multinacional brasileña.