Los ministros de Salud Pública y Medio Ambiente plantearon ayer la urgencia de buscar una salida al conflicto que periódicamente perturba el depósito de desperdicios sólidos en el vertedero Duquesa ante la contaminación y propagación de enfermedades y mala imagen que eso implica.
“Se requieren medidas urgentes, cautelares o de administración para que, primero, no volvamos a ver la crisis que vimos la semana pasada y, segundo, podamos entrar en un proceso de recuperación, fortalecimiento y reorganización de lo que es el vertedero de Duquesa para evitar los grandes niveles de contaminación y de riesgo”, planteó el ministro Francisco Domínguez Brito.
Las declaraciones fueron dadas en una rueda de prensa en la que la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, entregó un documento en el que detalla las implicaciones y problemas de salud que genera la ineficiencia en la recogida de basura.
“La administración del vertedero debe adaptarse a los horarios, rutas, equipos y tecnologías que disponen los cabildos para ofrecer el servicio a un territorio tan densamente poblado”, indica el documento que leyó Guzmán Marcelino.
Aseguró que cualquier solución a la que arriben los ayuntamientos del Gran Santo Domingo y Lajún, administradora de Duquesa, tiene que garantizar una sustancial mejora en el manejo de los desechos y una adecuada fluidez en la disposición final.
Rechazó cualquier medida que dificulte o limite el cumplimiento de los ayuntamientos en cuanto a su responsabilidad, claramente establecida en el artículo 154 de la Ley 42-01 y el 106 de la Ley 64-00.
“De no suceder así, el impacto inmediato será contaminación del suelo, las aguas, el aire y afectación negativa de la estética del paisaje y a la salud de las personas, en consecuencia, la salud de la población cuya protección constituye el principal rol que asigna la Ley al Ministerio de Salud Pública”, especificó.
Sostuvo que si a las profundas deficiencias en el manejo de ese servicio básico, se le agrega la imposición de un horario estricto, que limite la recepción de los residuos en el punto de disposición final, como ha pretendido Lajún, se podría producir una acumulación de basura que pondrá en riesgo la salud y el bienestar de la población.