El Movimiento Independiente Rescate Democrático (MiRD) declaró a la salud pública en la República Dominicana como un verdadero desastre y demanda para asegurar el derecho a la salud que el gobierno cumpla con el mandato de la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que ordena que para el año 2019 sea invertido en salud el 3.76 % del PIB, equivalente a RD$162 mil millones de pesos.

Explicó que por años, el presupuesto para el ministerio de Salud Pública ha estado por debajo del 2% del PIB, siendo de RD$79,780 millones para este año, es decir, 1.8% del PIB, uno de los más bajo de América Latina; no obstante, la Organización Mundial de la Salud recomendar un mínimo del 6%, de acuerdo a declaraciones del Dr. Alejandro Pichardo, Coordinador de la Comisión de Salud de MiRD.

Conforme a investigaciones realizadas por la Comisión de Salud de MiRD, en la actualidad, los más importantes hospitales públicos y de los llamados de autogestión, no están aptos para ofrecer una mínima atención en salud oportuna, de calidad, eficiente, todo ello debido a una multiplicidad de factores en los que se destacan el deterioro de la planta física, falta de equipos y carencia de materiales, insumos y medicamentos. Todo ello agravado por una deficiente inversión financiera, la corrupción gubernamental y la falta de gerencia del ministerio de Salud, del Sistema Nacional de Salud y de muchos de los directores de hospitales.

El Dr. Alejandro Pichardo, en su calidad de historiador de la medicina, observa la inexistencia de una verdadera política de salud pública, con una gestión orientada hacia la atención primaria, con incentivos a la calidad de la atención; fijación de requisito/incentivos para registrarse con un médico de atención primaria y/o derivación a atención secundaria; existencia de cupos para estudiantes de medicina, especializaciones y ubicación; un mayor volumen en mecanismos de pago al médico, entre otros aspectos.

Para la Comisión de Salud de MiRD, hay que entender con claridad que el sistema de salud pública ha colapsado en República Dominicana, en vista que el gobierno de la corporación PLD no toma en cuenta que las características de las políticas de salud pública son pluridimensionales, multisectoriales y complejas.

Igualmente, la mala la calidad del gasto en salud es determinante para el no logro del objetivo de garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, destacando que para el año 2018 se presupuestó apenas RD$3,347 millones para fortalecer los servicios de salud colectiva relacionados con los eventos de cada ciclo de vida, y en 7 meses solo se ha invertido RD$840 millones, equivalente a un 25 % de ejecución; a modo de ejemplo para Prevención y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis de un pírrico presupuesto de RD$270 millones solo se ha invertido RD$41 millones para un 15 % de ejecución y para Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunas, se presupuestó RD$1,055 millones y solo se ha invertido el 21%.

«En lo que se refiere a la subvención de los hospitales, el gasto presupuestario no puede ser peor, basta observar que el más importante hospital materno-perinatal dominicano, el Nuestra Señora de la Altagracia, tiene un presupuesto mensual de 5.7 millones de pesos, pero casi siempre le asignan diez u once subvenciones anuales, y está funcionando, durante los últimos 5 años, con una capacidad de un 20% y con falta de todo», puntualizó el Dr. Alejandro Pichardo.

«Por todo lo anterior, es que la República Dominicana tiene los más negativos indicadores de salud de América Latina, exhibiendo la vergüenza de una mortalidad materna anual de 102 madres por 100,000 nacidos vivos, una mortalidad infantil de 35 fallecidos por 1,000 menores de un año y una gestación en adolescente equivalente al 25%», agregó..

Aprovechando que estamos en el período de elaboración del anteproyecto de presupuesto del ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para el año 2019, MiRD clama para que se asigne el 3.76 % del PIB, como lo establece la ley No. 1-12, de Estrategia Nacional de Desarrollo, y se convoque a un gran encuentro nacional de todos los sectores y actores que intervienen en el sector salud para planificar y definir adecuadamente las prioridades de las políticas de salud pública.