CARACAS

Una mediación internacional de expresidentes anunció ayer que intentará abrir un diálogo ante el agravamiento de la crisis en Venezuela, aunque la oposición y el gobierno expresaron sus firmes posturas antagónicas en medio de la crisis socioeconómica.
El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien encabeza la misión en Caracas, aseguró que la mediación, a instancias de la Unasur, intentará sentar a la mesa de negociaciones al presidente Nicolás Maduro y a la oposición, aunque advirtió que «debemos ser prudentes».
«Será largo, duro y difícil, pero es el camino que necesita Venezuela, el del diálogo nacional que aborde los problemas sociales, económicos, institucionales, de convivencia pacífica, de libertades», dijo Rodríguez Zapatero en rueda de prensa, acompañado por el expresidente dominicano Leonel Fernández.
Maduro manifestó este jueves que espera que este diálogo sirva para que la oposición «ceda» en su «actitud golpista». Sin embargo, poco antes la oposición había advirtido que para que ese proceso de conversación sea «serio» debe priorizar un referendo revocatorio contra Maduro.
La misión internacional, en la que también está Martín Torrijos (Panamá), se reunió con Maduro y con dirigentes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), cuya instalación en enero como mayoría en el Parlamento abrió una crisis institucional.
Ambos expresaron «voluntad» de conversar, dijo Rodríguez Zapatero. Maduro no ha reaccionado hasta ahora, pero la oposición advirtió que «el primer punto de la agenda» de un «diálogo serio» en Venezuela debe ser «cómo quitar los obstáculos y triquiñuelas» para hacer el referendo. «En Venezuela no hay solución económica si no hay cambio político, y al logro pacífico de este último objetivo debe orientarse un verdadero proceso de diálogo nacional», advirtió la MUD en un comunicado. La gestión internacional surge en medio de un estado de excepción declarado hace una semana por Maduro, y anoche fue declarado «constitucional» por el Tribunal Supremo de Justicia, pese a que el Parlamento lo había rechazado el martes por considerar que «profundiza la grave alteración del orden constitucional y democrático que padece Venezuela».