La crítica situación en el sistema penitenciario tradicional va más allá del drama que se vive en La Victoria y que todos conocen, porque de ella se ha escrito en demasía. La Victoria no es más que un reflejo de lo que ocurre, en mayor o menor medida, en los 19 centros carcelarios, que a nivel nacional operan todavía bajo el llamado “viejo modelo” penitenciario.

Los niveles de hacinamiento, que alcanzan tasas de hasta 570.4; la no aplicación de los artículos 13 de la Ley 224 sobre Régimen Penitenciario, y 40.16 de la Constitución, imposibilitan la regeneración de un total de 17,747 presos condenados y preventivos, que conviven “reburujados” en ellos.
Este fenómeno es de alta preocupación para importantes sectores que como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), la Defensoría Pública, y el Colegio de Abogados (CARD), afirman, que se ha convertido en una amenaza para la sociedad.
En entrevista para Hoy, los representantes de esas tres entidades recordaron que el hacinamiento no solo es violatorio de los derechos humanos, sino que además provoca alteraciones en la salud física y mental de los internos; los induce a la promiscuidad, a la violencia sexual y doméstica; y, peor aún, a la criminalidad, por lo que las autoridades no pueden continuar dándole largas a una solución definitiva a la problemática.
FINJUS. Servio Tulio Castaños Guzmán, vocero de la entidad, recordó que desde esos espacios se han reeditado actividades criminales que incluyen el sicariato.
Cuestionó el que las autoridades pretendan que jóvenes que delinquen y son enviados, por ejemplo, a la cárcel del 15 de Azua, donde dijo, el ambiente no es diferente al de La Victoria y otros centros del viejo modelo, se regeneren para insertarse de nuevo a la sociedad.
Según las estadísticas oficiales, la tasa de hacinamiento en la cárcel del 15 de Azua es de 439.6. En el centro “19 de Marzo”, también en la ciudad de Azua, es de 532.3. Ambas cárceles son custodiadas por la Policía y tienen capacidad para 23 personas cada una. En la primera hay 549 reclusos, y en la otra, 147.
Estado irresponsable. Para el vicepresidente ejecutivo de Finjus, la situación en las cárceles del viejo modelo no es solamente por falta de recursos, como se ha querido justificar, sino también falta de voluntad política.
“Porque cuando tú, la voluntad política la impones, seguro que el problema se resuelve; el Estado tiene que ser más responsable; no se puede condenar a la gente de una forma tal, que no haya forma de que puedan recuperarse de los errores que cometieron”, subrayó.

Dijo que ojalá que la penitenciaría de La Victoria sea transformada en un museo, como se hizo en África del Sur con la cárcel donde Nelson Mandela estuvo preso, o la de Alcatraz, en San Francisco de California, “para que la sociedad dominicana jamás olvide lo que nunca debió ser un recinto penitenciario”.
Defensoría Pública. Según las estadísticas, el nivel de hacinamiento en La Victoria era de 342.4. El área tiene capacidad para 2,011 internos, y al pasado 30 de junio había un total de 8,897.
La directora de la Defensoría Pública, Laura Hernández, dijo en ese centro carcelario hace tiempo debió cerrarse el ingreso de nuevos internos, como se ha estado haciendo en las fortalezas Santa Cruz, de El Seibo; y San Fernando, en Monte Cristi, y otras.
En estos dos centros las tasas de hacinamiento por sobrepoblación son de 346.0 y 222.7, respectivamente.
Entre las causas de la problemática analizada, Hernández señaló el hecho de que no obstante el artículo 13 de la Ley 224, establecer tres períodos fundamentales para los condenados por sentencias definitivas, que son de observación, tratamiento y de prueba; aquí condenados y preventivos ocupan los mismos espacios físicos, y no existe segregación por delito.

De ahí que una persona que ingresa a la cárcel por el presunto robo de 7 libras de yuca, podrá convivir conjuntamente con quien está guardando prisión condenado o preventivo por homicidio, robo agravado, asesinato, terrorismo, entre otros, “lo cual crea la posibilidad real de que sean aprendidas conductas ilícitas, y se conviertan entonces en multiplicadores de las mismas”, dijo.
Agregó que otra causa es que del objetivo del artículo 40.16 de la Constitución, respecto a la finalidad de las penas, solo se están beneficiando los internos que de manera voluntaria asumen el deseo de regenerarse integrándose a las actividades académicas, culturales o deportivas existentes en dichos recintos, que “en la mayoría de los casos no cubre la oferta la demanda existente”.
No bastan estructuras nuevas. La funcionaria dijo estar de acuerdo con el proyecto anunciado por el Presidente de la República en el 2016, y confirmado este año por el procurador general, Jean Rodríguez, consistente en la construcción de dos centros de corrección y rehabilitación para los internos en La Victoria, y uno hospitalario para los que padecen alguna enfermedad, y cerrar de manera definitiva La Victoria y sus sucursales en todo el país.

Sin embargo, advirtió que esa podría ser una solución a corto y mediano plazo.
“Si se continúa con una política criminal como la aplicada en la actualidad, en donde la judicialización solo se utiliza para los casos donde los bienes jurídicos resulten gravemente lesionados; y si la prisión preventiva como medida de coerción no es utilizada como último ratio, desconociendo lo establecido en el artículo 234 del Código Procesal Penal, a largo plazo resultarán necesarios otros centros para cubrir la cantidad de privados de libertad que se producen en las jurisdicciones penales del Departamento Judicial de Santo Domingo y del Distrito Nacional”, afirmó Hernández.
El CARD. De su lado, el presidente del Card, Miguel Surún, dijo que el sistema judicial no puede continuar sobre la base de cárceles superpobladas “donde el hacinamiento, el maltrato, la prostitución y criminalidad” imperen.
Una afrenta. Afirmó que La Victoria es una “afrenta” para un país que como la República Dominicana, quiere presentarse al mundo, como una nación desarrollada y civilizada.
Dijo que fuera de lo que se ha hecho con el Nuevo Modelo Penitenciario, el Gobierno ha sido “muy reticente” al lado donde está el 95% de los internos carcelarios. “Nuestras autoridades, la Procuraduría General, deben abocarse a construir de una vez y por todas ese nuevo proyecto y enfatizar en la reeducación de las personas”.