Las parroquias Santo Domingo Savio, San Ignacio de Loyola y San Martín de Porres, junto al Centro Montalvo, rechazan el proceso de desalojo que desarrolla el Gobierno en el barrio Los Guandules en el marco del proyecto gubernamental “Nuevo Domingo Savio” debido a que se asemeja a los efectuados por los regímenes de Joaquín Balaguer.
Expresan que como responsables de obras confiadas a la Compañía de Jesús, las razones que mueven a este posicionamiento son dos, una de fondo y otra de procedimiento, y se fundan en el principio que por décadas ha guiado a las instituciones en el acompañamiento de la población excluida de la sociedad dominicana.
Consideran que las señales que ha dado últimamente la Oficina para la Readecuación de La Barquita y Entorno (Urbe) dentro de un proceso que comenzó hace dos años mueven a pensar que el proyecto ha perdido su objetivo original, formulado por el presidente Danilo Medina el 27 de febrero de 2017: “abrir el barrio, conectarlo con el resto de la ciudad” y “hacer de él un ejemplo de orden, seguridad y buena convivencia comunitaria”.

Señalan que los portavoces de Urbe fundada originalmente para la reubicación del barrio La Barquita, han repetido el mensaje de que “no tenemos tiempo” y de que “no tenemos dinero” para hacer una intervención integral en el área.
Estiman que en los hechos, se ha creado una urgencia que afecta la esencia del proyecto anunciado originalmente.
Indican que en estos momentos, la opción por construir en primer lugar la avenida perimetral posterga a una fecha desconocida las otras intervenciones que a su juicio serían prioritarias para beneficiar a la mayoría del barrio.

El Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo, SJ y las citadas parroquias, advierten que las personas son obligadas a reubicarse en condiciones similares a las que actualmente viven.
Aseguran que el “Nuevo Domingo Savio” no se ejecuta para beneficiar a los pobres del lugar, sino para quitarlos del medio como si fueran un estorbo para el proyecto, trasladando el problema habitacional a un lugar donde no se vea.
Señala que la alteración del propósito anunciado ha llevado a un cambio en el procedimiento de negociar con la población local.
Afirman que Urbe ha negociado individualmente con las personas afectadas, seleccionando líderes comunitarios específicos a los que ha conquistado para sus planes de acción.
La idea rectora, dicen, ha sido hasta ahora, la de comprar “mejoras” al menor precio posible, enfrentando a inquilinos y propietarios.
Apuntan, la comunicación establecida por Urbe con las organizaciones comunitarias y la población afectada se ha caracterizado por una mezcla de información y desinformación.
Sin diálogo. Exponen que la consecuencia de todo que el viernes 7 de este mes, se ha llevado a cabo un método de desalojo que recuerda los abusos contra los que se luchó en los gobiernos de Balaguer.
Sostienen que las familias han sido desalojadas como delincuentes: a las 5;00 de la mañana, un contingente militar a la orilla del río para sacar por la fuerza a los moradores de la zona por donde iniciará la avenida Perimetral, no dejando espacio para el diálogo.