Santiago. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), Temístocles Montás, afirmó aquí que si bien República Dominicana es un país abundante en agua dulce, factores que van desde el desperdicio, deficiencia en el cobro, dispersión institucional y la falta de políticas públicas son riesgos que habrá que afrontar para no sufrir una crisis grave en los próximos años.

Al pronunciar su conferencia magistral “El Agua y el Desarrollo de República Dominicana”, durante la apertura del Primer Congreso Internacional en Gestión Integral del Agua (CIGIA 2015) que sesiona en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Montás dijo que un ejemplo esperanzador lo constituye el acueducto de Santiago, que al cumplir su primer centenario es el que tiene la mejor cobranza del país y una gran cobertura de sus redes.

El Congreso se desarrolla con motivo del centenario del acueducto de Santiago y de los 38 años de fundación de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) con la participación de 12 países.

En la actividad, que concluirá el sábado 25, participan delegaciones de Estados Unidos, Paraguay, Venezuela, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Argentina, España, Portugal y Chile, informó la Unidad de Comunicaciones del MEPyD.

Las palabras de apertura fueron pronunciadas por el ingeniero Silvio Durán, director de CORAASAN, quien dijo que el congreso creará el espacio propicio para reflexionar y discutir los alcances y limitaciones del sector agua potable y saneamiento en todas sus vertientes.

“La gobernanza del recurso agua se ha caracterizado por la falta de integración vertical y horizontal entre distintos ministerios de gobierno, entidades con funciones específicas y sectores usuarios”, expuso el Ministro, quien explicó que varias leyes han asignado capacidades de manejo y uso de los recursos hídricos a distintas instituciones, “generalmente acopladas a facultades constructoras de obras o de prestación de servicios, por lo que, en general, prima una visión sectorial y cortoplacista sobre una perspectiva integradora”.

Consideró que si bien los arreglos institucionales son un gran desafío, un gran problema y una oportunidad, “todos los aquí presentes sabemos que la aprobación de la Ley General de Agua y la Ley de Agua Potable y Saneamiento debe constituirse en un imperativo”, agregó.

Lamentó que los proyectos para aprobar ambas leyes tengan alrededor de dos décadas “dando brincos en el Congreso y no hemos logrado consenso entre los actores reguladores, gestores y usuarios; y el problema no puede esperar más”.

Montás saludó los esfuerzos que se hacen desde el Senado, el Ministerio de Medio Ambiente, el INDRHI, EGEHID, INAPA y las Corporaciones de Acueductos como actores claves, para contribuir a la creación del consenso sectorial y social que de impulso a la aprobación de esas leyes y asegurar la institucionalidad necesaria para encarar la problemática que caracteriza hoy al sector.