El Ministerio Público advirtió ayer que no entregará a los encartados en el caso Odebrecht los archivos provisionales de los otros ocho que fueron excluidos de la acusación de los US$92 millones de sobornos por el consorcio brasileño.
Así lo afirmaron ayer la titular de la Procuraduría Anticorrupción (Pepca), Laura Guerrero Pelletier, y el procurador fiscal Milcíades Guzmán, a su salida de la audiencia preliminar del caso, que el juez de la instrucción especial, Francisco Ortega, recesó para el 21 de este mes, debido a los incidentes presentados por las partes.
“Los archivos provisionales son ajenos a las pruebas del proceso, son situaciones totalmente extrañas a este momento”, dijo Guerrero Pelletier
Afirmó que el Ministerio Público ha puesto a disposición de los siete imputados todas las pruebas del proceso, y están en el tribunal.
Guzmán, de su lado, dijo que en un contexto legal correcto, entregar esos expedientes sería violar los derechos de las personas que han recibido el privilegio de ver archivado su proceso.
“Nosotros no tenemos porqué entregarle archivo de un imputado a otros imputados, porque sería poner en el escenario a una persona que de antemano ha salido del escenario aún así fuere provisional”, enfatizó.
La audiencia. A regañadientes, y no sin protestar, la defensa técnica de todos los encartados en el caso Odebrecht aceptaron ayer el nuevo receso de la audiencia preliminar donde se conocerá la acusación del Ministerio Público en su contra, dispuesta por el juez de la instrucción especial, Francisco Ortega, para el próximo 21 de este mes a las 2:00 de la tarde.
La decisión fue adoptada a fin de que los imputados o sus respectivos abogados, retiren el próximo martes 14, los elementos probatorios que alegan el Ministerio Público no les entregó, y que ellos especificaron en audiencia, los cuales estarán disponibles en la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en horario laborable del Poder Judicial.
Motivo del fallo. Fue producto del recurso de oposición interpuesto en audiencia por el acusado Víctor Díaz Rúa, a través de sus abogados Miguel Valerio y Ramón Emilio Núñez, contra la decisión rendida “in voce” por el tribunal, de reservar o acumular la solución de su solicitud de que le sean entregadas determinadas pruebas no recibidas, al cual se adhirieron otros acusados, por resultar de pertinencia procesal.