Loyda Peña 
El procurador general mde la República, Jean Rodríguez, solicitó ayer formalmente al jefe Policía Nacional, mayor general Nelson Peguero Paredes, identificar y poner a disposición de la Fiscalía de Baní a todo el personal de esa institución que participó en los operativos en los que murieron un taxista y un mecánico el día 11 de este mes.
Asimismo, designó una comisión para que en un plazo de 150 días investigue y rinda un informe detallado sobre la venta de terrenos en Los Tres Brazos y los del vertedero de Duquesa, a fin de determinar si en las operaciones que involucran a esos inmuebles existe algún vestigio de actuación dolosa.
El taxista Rubén Darío Díaz Pimentel y el mecánico Tirson Pérez fueron muertos a balazos en un supuesto intercambio de disparos con una patrulla de la Policía Nacional, en un incidente ocurrido la madrugada del domingo 11 de este mes en Baní, según un reporte de esa institución.
También las armas. En su solicitud al jefe de la Policía Nacional, el procurador le requirió además entregar las armas de reglamento de cada uno de los miembros de la institución actuantes en el caso, así como las que fueron asignadas para ser utilizadas en los operativos realizados por la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM).
Otro requerimiento hecho por el jefe del Ministerio Público al mayor general Peguero Paredes fue integrar una comisión investigadora con miembros de la Policía para dar soporte en las diligencias que realiza la Fiscalía de Baní en torno al caso.
La solicitud del procurador al jefe de la Policía fue hecha luego de que por instrucciones suyas, personal del Ministerio Público profundizara las investigaciones al respecto.
Esta semana familiares de las dos víctimas acudieron a la Procuraduría General junto a dirigentes del Comité Nacional de los derechos Humanos (CNDH), a llevarle varios casquillos de balas disparadas contra sus familiares y reclamar que se profundicen las investigaciones en torno a la muerte de sus parientes, que según la Policía cayeron en un intercambio de disparos.
Caso terrenos. La comisión designada por el procurador general para indagar sobre los terrenos del Estado vendidos en forma supuestamente dolosa en Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte la integran el procurador fiscal ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Gedeón Bautista Liriano; el director nacional de Persecución del Ministerio Público, Juan Amado Cedano, y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier.
El procurador Rodríguez dijo que debido a que las transacciones hechas con esas propiedades datan de varios años, es prudente reunir con el debido cuidado la información que soporta las mismas, para lo cual los comisionados deberán obtener y evaluar documentación, realizar entrevistas y otras diligencias afines.
Destacó que solamente con esos reportes se podría decidir sobre la pertinencia de iniciar o no acciones penales, según corresponda en cada caso, por ante la instancia judicial competente.
“La intención del Ministerio Público es esclarecer debidamente lo que ha acontecido con estos casos, para lo cual debe de actuarse de la forma más objetiva posible y apegados al debido proceso”, dijo el funcionario a través de la Dirección de Comunicaciones de Procuraduría General.
