MP pide prisión exempleados Junta por falsificar actas

MP pide  prisión  exempleados Junta por falsificar actas

La Fiscalía del Distrito Nacional (FDN) pidió al Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional penas de 10, 7, 5, 4 y un años de prisión contra varios exempleados de la Junta Central Electoral (JCE), acusados de falsificar registros civiles con fines de duplicar identidades y de falsificar actas de nacimiento y de defunción a cambio de altas sumas de dinero.
Ayer el Ministerio Público concluyó sus alegatos contra cuatro exempleados de la JCE y una abogada, de quienes dijo formaban parte de una red criminal que operaba desde Azua, pero ejecutaba en otras provincias.
Para Juan Carlos Noboa, encargado del Centro de Cedulación de Azua, esta pide 10 años de prisión; 7 para la abogada Yenni Guzmán Brito, quien supuestamente encargaba las falsificaciones; 5 para Luis Reyes Galván, auxiliar de la Oficina del Estado Civil en Sabana Yegua, a quien se le atribuye sustraer los libros para posibilitar la alteración; 4 años para Nilcia Francisco Gil, digitadora de la Unidad de Declaraciones Tardías de la JCE, y a Wanda Suero, auxiliar de la oficina central, 1 año de prisión, con pena suspendida, por considerar que al momento de los hechos la misma estaba en un estado de vulnerabilidad por la muerte en un asalto de su hija.
Persiste Red. Según Wanda Suero, esa red aún sigue operando en la JCE.
“Esa red está compuesta por quienes dirigen la Junta… Esa red sigue en la Junta y a esa red yo no pertenezco”, aseguró Suero ante los jueces.
Ayer al intervenir ante el tribunal, la mujer aseguró que nada tenía que ver en ese caso, y que seguía en el expediente porque no tenía padrino y que otros mencionados en el caso ya trabajan en la Junta.
Aseguró que su única función era en el centro de servicios, recibiendo a los usuarios y que no digitaba, ni aprobaba ni firmaba actas.
Por el caso ya fueron condenados en un juicio penal abreviado Felipe Javier Omar Achécar, un exempleado de JCE, a quien se le atribuye ser el cabecilla de la red y a su esposa Sandra Méndez y Eleodoro Smith Fernández, aprobador de la Oficina Central del Estado Civil, quienes admitieron los cargos a cambio de una pena menor y colaboración. El Juicio sigue hoy. .

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