Muchos jueces aún se resisten al cambio

Muchos jueces aún se resisten al cambio

POR TANIA HIDALGO
La Comisión Nacional de Ejecución del nuevo Código Procesal Penal (CONAEJ) infirmó ayer que en lo que va de año se han invertido más de RD$4 millones en la capacitación de los jueces en el área procesal penal, aunque hay muchos que se resisten al cambio.

Luis Henry Molina, presidente de la comisión, manifestó que el 98.9% de los jueces participó en los cursos, entrenamientos y talleres de preparación.

«Es obvio que no vamos a cambiar de la noche a la mañana las actitudes de los jueces ni vamos a lograr las destrezas necesarias para aplicar de manera óptima ese código. Hay personas que se resisten», precisó.     

El también presidente de la Escuela Nacional de la Judicatura se refirió al tema a propósito de una información publicada ayer en este matutino en la que se hace referencia a que la mayoría de los jueces del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva no dominan la nueva legislación que entrará en vigencia en septiembre próximo. Al participar en el Diálogo Jurídico de HOY, Molina reveló que el 80% de los jueces penales trabajará en la liquidación de los expedientes viejos, mientras que el 20% restante tendrá a su cargo la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal.

«Algunos se resisten, pero no es porque estén convencidos de que el código no va a satisfacer las necesidades procesales, sino que es una resistencia a veces hasta por temor a lo nuevo, a lo innovador», precisó.

En el panel participaron también Claudio Aníbal Medrano, juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís; Luz Díaz Rodríguez, gerente de Implementación de Proyectos de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS); Laura Hernández Román, directora de la Oficina Nacional de Defensa Judicial; Alejandro Moscoso Segarra, gerente de formación y capacitación de la Escuela Nacional de la judicatura y el abogado Félix Damián Olivares, quienes forman parte de la comisión de  ejecución del nuevo código.

Los expositores se refirieron a lo que consideraron las bondades de la legislación y pidieron a la población que confíe en esa reforma, la cual estiman que traería garantías reales tanto a las víctimas como a los procesados.

«Quiero que quede claro al país que este es un proceso que camina, que va de frente y da la cara. A partir de la resolución 1920 se pone en ejecución un programa de entrenamiento de los sujetos procesales y ya en todos los tribunales se están realizando vistas», agregó Molina.

Explicó que en todas las jurisdicciones se están haciendo inventarios para determinar, en función de un proceso posterior de liquidación, cuántos casos tienen más de un año sin actividad procesal y cuántos están en actividad procesal.

 

ENCUENTROS

De igual manera, Molina manifestó que ha sostenido reuniones con la comisión de transición de la Procuraduría General de la República del nuevo gobierno para plantearle todo lo que se requiere para la aplicación del código.

Dijo que le solicitaron identificar cuáles son las personas que  deben ser capacitadas para asumir la función de ministerio público en el nuevo gobierno y las que permanecerán en el cargo.

En su lado, Olivares sostuvo que a partir de esta nueva ley es probable que en el sistema se produzcan ahorros significativos con casos que en lugar de durar tres años en los tribunales se decidan en 20 0 45 días.

Aseguró, asimismo, que habrá unos niveles de eficiencia mayores porque el agente policial encargado de determinado expediente, en coordinación con el fiscal, no se desvinculará del proceso hasta que no se produzca una sentencia definitiva.

«Aquí la policía entiende que cuando somete el expediente ya su trabajo concluyó y se desliga del proceso», precisó.

 

PIERDEN PODER

Asimismo, Claudio Aníbal Medrano refirió que es posible que muchos jueces se resistan a este nuevo código porque están perdiendo poder personal, «pero están ganando como árbitros de un proceso que van a dirigir con mayores garantías para los ciudadanos».

Explicó que el poder personal se pierde en la medida que el proceso se transparenta.

«Hemos ido a cada departamento judicial para impartir talleres y conferencias desde antes de que el código se aprobara y luego de convertirlo en ley, o sea que este es un proceso que comenzó abriendo espacios de discusión, y todos los jueces han tenido la oportunidad de participar, es más cada uno de ellos ha sido llamado en más de cinco ocasiones a participar de algún foro sobre este tema y si alguien no ha querido esa es una determinación personal», señaló. 

En ese mismo tenor se pronunció Alejandro Moscoso.

Publicaciones Relacionadas

Más leídas