Una de las temáticas más espinosa y delicada en el quehacer de la patología forense la representan los decesos que se producen cuando una persona guarda prisión, se encuentra detenida o está privada de su libertad y bajo vigilancia de una autoridad competente. Casi siempre surge de inicio la sospecha del homicidio por lo que es tarea del investigador plantearse la hipótesis de que pudiera tratarse de una muerte violenta en la que a la víctima se le quitó la vida. En caso de resultar una muerte natural repentina deberá evidenciarse, fuera de toda duda médica razonable, una enfermedad que provocara una cadena de eventos o alteraciones fisiológicas, que de modo secuencial condujeron al fallecimiento. La última opción a tomar o asumir es la del suicidio ya que esta modalidad jurídica de defunción no conlleva juicio y sentencia condenatoria al inculpado, en este caso el fenecido.
Plantearse una manera suicida de muerte al inicio de la investigación, y peor aún, anunciarlo a priori a través de los medios informativos es un grave error imperdonable. Hay un axioma en las ciencias forenses en el que exige al perito investigar primero, luego elaborar un informe que sea claro, preciso y sin ambigüedades; finalmente el hombre de ciencia podrá depositar y leer su informe a las autoridades de lugar.
El experticio médico legal de un hecho trágico en un detenido se inicia con la recolección de las informaciones acerca de las circunstancias que rodearon al suceso. El siguiente paso trascendental corresponde a la documentación de la escena, es decir, el lugar en donde primariamente se produjeron los daños corporales. La posición del cadáver, aunada al registro del orden o desorden de los alrededores. Allí se recogerán las evidencias físicas, químicas y biológicas para su posterior análisis en los laboratorios forenses. Acto seguido, el médico forense hará el levantamiento del cuerpo de la víctima, el cual será llevado a la morgue para la realización de la autopsia.
Cuando se trate de un fallecimiento bajo custodia policial, la institución debe inhibirse de hacer declaraciones públicas a destiempo, por lo que deberá limitarse a decir que está a la espera de los resultados de la investigación médico legal. El experticio es responsabilidad del Ministerio Público, que por ley es la institución encargada de ordenar y conducir la investigación cuyo resumen final se presentará ante el tribunal.
Un mal ejemplo es el caso de un vigilante privado en la ciudad de Santiago de los Caballeros quien era conducido esposado en un vehículo policial y que supuestamente se disparó hiriéndose mortalmente en la cabeza. Penosamente no tenemos una escena primaria. A la sazón, dice otro axioma fatal en las ciencias forenses que la investigación que arranca mal, difícilmente termina bien. La experiencia criolla acumulada en las últimas décadas no ha sido favorable para la Policía. La prolongada Era de Trujillo dejó muchas huellas que hasta el presente han sido difíciles de borrar del estamento policial, a pesar de las múltiples cirugías cosméticas realizadas. La reforma y modernización de esa institución, sumada a la adquisición de la tecnología apropiada, ayudarán a desarrollar la imagen de un cuerpo del orden que a través del uniforme infunda respeto, admiración y confianza en la ciudadanía.