En medio de una atmósfera de inseguridad que ha obligado a los ciudadanos a modificar su estilo de vida, la Policía Nacional cae en uno de sus momentos de peor valoración. Mientras se le acusa de manera frontal de anidar a lo interno parte significativa de la delincuencia, la institución se ve envuelta en el escándalo del apresamiento y tortura de un activista social en Moca, a quien un juez dejó en absoluta libertad, revirtiendo los cargos y denunciando que a ese que pretendían imputar de alegada posesión de drogas se le violaron todos sus derechos.
De un tiempo a esta parte, la imagen de la Policía se ha visto empañada por ocultamiento de información relevante sobre hechos delictivos. Se le atribuye estar siguiendo las recomendaciones de asesores extranjeros para no dar a conocer informaciones detalladas de actos delictivos no resueltos. Los periodistas que cubren la fuente policial se han quejado de la resistencia de la institución a dar informaciones que no sean las que a ella le interesa difundir.
En medio de todo este deterioro de su imagen, la Policía no se defiende con datos, testimonios y medidas negadoras de lo que se dice de ella; no hace un mea culpa ni promete superarse para llevar tranquilidad a la sociedad, dando la impresión de que ese cuerpo es capaz de hacer cosas abominables como muchos años atrás.

No es permisible escurrir el bulto

La Cámara de Cuentas alega no tener facultades para practicar la auditoría forense que le solicitó la Procuraduría General de la República sobre las obras ejecutadas por Odebrecht. En cambio, el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, sostiene que el organismo sí tiene las facultades que dice no tener. Una auditoría forense es un procedimiento en el que se emplean técnicas de investigación criminalística, integradas con la contabilidad, para llegar a conclusiones sobre el buen o mal uso de recursos públicos.
Da la impresión de que estamos ante una réplica de situaciones vividas en la gestión anterior de ese organismo, que nunca asumió la facultad de llevar hasta los tribunales los casos de mal uso de los recursos del Estado. La ley 10-04 está ahí, y dice bien claro lo que la Cámara de Cuentas puede y debe hacer.