Naturaleza político-jurídica del nombramiento de los jueces por el Senado

Naturaleza político-jurídica del nombramiento de los jueces por el Senado

En la vieja Universidad de Santo Domingo, en la oscura noche de la tiranía de Trujillo, un antiguo consultor jurídico del Poder Ejecutivo en un texto escrito por él, titulado Derecho Constitucional, tenía uno de sus apartados el título de este artículo.
Mientras estudiaba el texto me reía de la pretensión del licenciado Manuel A. Amiama (Cundo), puesto que en el gobierno de Trujillo el Congreso se había reducido a un atajo de personas que aprobaba, sin chistar, sin discutir y con elogios infinitos, las iniciativas del tirano y sus seguidores, quienes actuaban siempre, como borregos.
Cuando Anita Hill intentó impedir que el Congreso de Estados Unidos confirmara al magistrado Clarence Todman para la Corte Suprema. La acusación contra el aspirante fue que hacía cuentos colorados en presencia de la dama, por supuesto ella podía retirarse cuando él comenzaba a hablar, pero parece que le gustaban los cuentos picantes. Finalmente, Todman fue seleccionado.
En ese momento convencí de la importancia de la lección de Derecho Constitucional del licenciado Amiama. La elección de un juez no debe ser fruto de la elección de un hombre o de un pequeño grupo de personas, la elección de un administrador de justicia debe ser objeto de un baloteo más amplio.
Los diseñadores de las constituciones que administró el tirano Trujillo se ocuparon cuidadosamente de consignar, mantener, crear, las instituciones para el funcionamiento de un régimen democrático, aunque sus mandatos fueron el ejercicio constante del fruto de quisondas que permitían justificar las permanentes violaciones a los derechos ciudadanos y a la institucionalidad.
El presidente Balaguer, maestro en el arte de birlibirloque: dar sin reír, amagar y no dar, copió el sistema de Trujillo y llegó a tener el coraje de tildar la Constitución como “un pedazo de papel”, con el aplauso de tantos ignorantes y cobardes que no han enfrentado el vendaval que ha barrido la institucionalidad democrática, en beneficio de un grupo de hombres enquistados en el poder quienes olvidan que no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista.
Dentro de la lucha por la institucionalidad que tenemos pendiente, están, entre otras disposiciones constitucionales que debemos respetar, devolver al Congreso Nacional la selección de los jueces; escoger los congresistas de manera democrática, que evite la elección por arrastre; introducir la región como espacio a ser representados por los legisladores; crear la independencia administrativa de las provincias para que manejen una parte alícuota del Presupuesto de la Nación; quitar facultades al Presidente de la República para que no ande repartiendo dinero, a diestra y siniestra, como si fuera dueño del erario.
La elección de los miembros del Tribunal Constitucional es la última muestra. Es cierto, falta mucho por hacer. Comencemos ya.

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