La Ley 166-03 está desde hace tiempo en el casillero del irrespeto. Es la que dispone que los ayuntamientos reciban el 10% de los ingresos fiscales nacionales, pero el Gobierno central no la cumple. Para 2018, la asignación de los gobiernos municipales ni siquiera alcanzará el 2.8% del Presupueto General del Estado que se entregó a los municipios en el presente año. El alcalde de Santiago, Abel Martínez, levanta la voz contra esta barbaridad que tiene en la ruina a las administraciones edilicias del país, que les impide cumplir su función.
Su comparecencia al almuerzo semanal de los medios del Grupo de Comunicaciones Corripio se convirtió en un clamor contra el ahogamiento de todos los municipios. Tan en serio van las cosas, que el alcalde de Santiago ya tiene la autorización del Concejo de Regidores para que, en una decisión extrema, acuda al Tribunal Constitucional para que este obligue al Gobierno central a respetar lo que manda la Ley 166-03, que es violada sin el menor rubor año tras año.
Con todo y el ahogamiento financiero, el Gobierno Municipal de Santiago ha tenido realizaciones importantes, pero no puede avanzar en los planes en carpeta, que son muchos. Abel Martínez levanta una bandera de lucha y aspira que la Federación Dominicana de Municipios haga el coro por esta causa justa por el rescate del poder municipal.

JCE: Una garantía que tranquiliza

La Junta Central Electoral (JCE) acaba de asumir la garantía de la justeza del proceso electoral de 2020. Con o sin adecuación de la Ley Electoral, y con o sin Ley de Partidos, el organismo garantiza que apelará a las facultades que le otorga la Constitución de la República y la legislación electoral vigente, para de manera administrativa asegurar que el proceso resulte diáfano y justo. Esta proclama viene a apuntalar la confiabilidad del organismo encargado de administrar la igualdad de derechos y libertades de partidos y ciudadanos en la justa por el poder político.
La JCE ha dado la mejor respuesta a la forma parsimoniosa conque los congresistas manejan los proyectos de Ley Electoral y Ley de Partidos. A falta de estos instrumentos jurídicos necesarios, la Junta tiene un “plan B” para garantizar la salud de la democracia.