BIENVENIDO ALVAREZ-VEGA
El día que se escriba la historia sobre cuanto de moderno tiene el Estado dominicano post Trujillo, ese día despertaremos de un sueño y nos daremos cuenta de la influencia y tutela que han tenido organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos, la Agencia Internacional para el Desarrollo y la desaparecida Alianza para el Progreso. Y, más recientemente, la ONU a través del PNUD.

Desfilarán entonces ante nosotros la historia de entidades tan importantes como la Corporación de Fomento Industrial, el Instituto Agrario Dominicano, el Cedopex de ayer y de hoy, el Instituto de Estabilización de Precios, el Instituto Agrario Dominicano, la Oficina de Desarrollo de la Comunidad de ayer y de hoy, el Consejo Estatal del Azúcar, el Instituto Azucarero Dominicano y muchos otros vinculados al Banco Central, a la Secretaría de Agricultura, a la Cancillería de la República, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.

Hago esta observación con el único propósito de recordar la importancia y la influencia, negativa y positiva, de los organismos internacionales en las decisiones mayores que han tenido que tomarse después del ajusticiamiento del tirano Trujillo. Probablemente a los dominicanos no siempre nos ha faltado experiencia e inteligencia para saber qué hacer en determinadas circunstancias o necesidades, pero lo que sí es evidente, a nuestro juicio, es que nos falta eso que llamamos voluntad política y decisión.

Esta larga introducción la hago a propósito del recién renovado acuerdo stand by suscrito con el Fondo Monetario Internacional. El FMI nos está prestando unos millones de dólares que el país podría conseguir, por su cuenta, en los mercados financieros internacionales. Pero necesitamos el Fondo, no para que nos avale en la búsqueda de recursos económicos, sino para que tutele el desempeño económico, para que vigile el manejo de las finanzas públicas, para que nos obligue a cumplir unos compromisos que hemos contraído para garantizar la estabilidad de la economía y el crecimiento del aparato productivo nacional.

Aceptando que las cosas han sido así, sin entrar ahora en las causas de este fenómeno tan negativo, nos preguntamos si no pudiera el FMI u otro organismo internacional obligar al país a convenir un acuerdo que obligue a nuestros gobiernos a invertir unas proporciones determinadas de los ingresos públicos en educación, en programas de salud, en agua potable, en infraestructuras municipales, en los deportes, en viviendas populares, en asilos, orfanatorios, estancias infantiles, etc. Porque solo así, creo, tendremos gobiernos y gobernantes más responsables frente a las necesidades básicas de la nación.

Algunos gobiernos, organismos internacionales y hasta empresas multinacionales han estado presionando sobre países, de manera exitosa, a favor de cumplir normas sobre medio ambiente, trabajo infantil y transparencia o lucha contra la corrupción. Y lo hacen convencidos de la necesidad que tiene la creación y las sociedades humanas de prestar atención a estas dimensiones de la vida individual y colectiva, pero también por la convicción de que la  mayoría de las sociedades y sus gobernantes nada harían si no fuera bajo amenaza de exclusión de determinados beneficios.

Aquí los Balaguer, los Jorge Blanco, los Hipólito Mejía y los Leonel Fernández han hecho lo que les ha venido en ganas con los recursos públicos, hemos tenido que verlos financiado con los impuestos sus sueños, caprichos y veleidades, sin tener en cuenta las necesidades primarias y básicas de la gente y de la nación. Por eso damos el espectáculo de, para decirlo con una figura popularmente conocida, andar bien vestidos pero enfermos y con la barriga vacía.

Ojalá que venga alguien y nos obligue a hacer primero lo que debe ser primero. Necesitamos una especie de FMI que nos obligue, con metas concretas, a hacer las necesarias inversiones en los programas sociales.
bavegado@yahoo.com