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El abogado y jurista Ramón Antonio Veras (Negro) advirtió que la Oficina Nacional de la Defensa Pública ha dictado una resolución que viola la Constitución, que es un traje a la medida de Adriano Román, acusado de intentar asesinar a su hijo Jordy Veras, para “eternizar” el conocimiento del juicio de fondo.
Explicó que a casi cuatro años del intento de asesinato, el juicio no ha podido comenzar aunque ha sido enviado en 45 ocasiones, principalmente porque el imputado cambia la defensa privada que le asiste, mientras que la Defensa Pública alega que no puede asignar abogados a acusados económicamente solventes, acatando una decisión de Laura Hernández Román, directora general de ese organismo.
Artimaña. Según el denunciante, ante lo que calificó como nueva artimaña de Adriano Román y compartes, el tribunal dispuso que fuera asistido por el defensor público reasignado al imputado, quien se negó a subir al estrado, desacatando la decisión judicial.
“Fue en ese momento cuando, pretendiendo justificar el desacato, la coordinadora de la Defensoría Pública en Santiago, Ramona Curiel, explicó al tribunal que recientemente, por medio de una instrucción general la Defensoría Pública Nacional hace constar que no se prestarán servicios a imputados solventes, por lo cual había primero que investigar si el acusado lo era o no”, expresó Veras.
El reputado profesional del derecho entiende que la resolución emitida por Hernández Román satisface a plenitud las pretensiones de los acusados del hecho criminal contra su hijo, violando de paso el artículo 176 de la Constitución, que consagra el derecho de defensa que tiene todo imputado, que por cualquier causa no esté asistido de abogado privado.
Extralimitación. Veras precisa, además, que la Oficina no puede disponer la no asignación de un defensor público a las personas que pueden costearse a un defensor privado, alegando razones económicas, como inconstitucional y extrañamente ahora lo pretende hacer en virtud de la instrucción general de referencia.
