“Deben crear una comisión para investigar lo que se robaron de la fortuna que legó la era y devolvérselo al pueblo”. En estos términos reaccionó hoy el hijo de Angelita Trujillo y nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina a la propuesta de Roberto Álvarez para que se cree una Comisión de la Verdad.

Ramfis Domínguez Trujillo explicó que él aboga por una Comisión de la Verdad siempre y cuando se respete la verdad histórica y que el fin de la misma no sea el lucro.

En este sentido, acusó a fundaciones e instituciones que trabajan el tema de la memoria histórica de lucrarse con el dinero del pueblo.

“A quienes deben desnudar son los que durante 52 años han vivido de mentiras y del caudal de la era que se robaron”, escribió a través de su cuenta oficial de Twitter @ramfisdt, mensaje que fue reiterado al Periódico HOY Digital.

Finalmente, con orgullo, resaltó que con razón «Trujillo es uno de los personajes más admirados en el país», como reveló la encuesta Gallup-HOY.

La propuesta.En un reportaje especial del periodista Arismendy Calderón, publicado hoy en la edición impresa de este matutino , se indica que llegó el momento, justo ahora, de crear una Comisión de la Verdad Oficial  para desnudar la violencia política y el terror creado por la dictadura de Trujillo y desmitificar oficialmente el sistema de dominación económico, político e ideológico que el trujillismo engendró en el período del 23 de Febrero de 1930 hasta la salida de Joaquín Balaguer del país, el 16 de  enero de 1962.

Roberto Álvarez, autor de la propuesta para crear en el país la Comisión de la Verdad.

“Con ello se cumpliría con un deber histórico que tiene el Estado con las innumerables víctimas de la dictadura, incluyendo el pueblo dominicano, al establecer un  equilibrio perdurable  entre la memoria y la verdad, fortaleciendo a la vez la democracia y el Estado de Derecho en  nuestro país”, explicó Álvarez.

Comisiones por el mundo. Se recuerda que  las Comisiones de la Verdad son organismos de investigación oficiales, temporales, no judiciales, encargados de indagar sobre abusos cometidos en franca violación a  los derechos humanos y de, como su nombre lo indica, determinar la verdad.

Una gran parte de estas comisiones concluye su trabajo con un informe final que recopila los resultados de la investigación y formula recomendaciones para que se proceda judicialmente contra los señalados como culpables.

Hasta el momento, se han creado estas comisiones, aunque no siempre con el mismo nombre, en países como Chile, Perú, Argentina, Brasil, Guatemala, Paraguay, El Salvador, Marruecos y Sudáfrica, entre otros.