POR CÉSAR PÉREZ
Es costumbre dejar pasar los primeros tres meses de la instalación de un nuevo gobierno, para hacer un balance sobre las ejecutorias del mismo e intuir sus perspectivas. Sin embargo, una atenta lectura de las acciones y señales de los gobiernos en sus primeros días permiten tener una idea sobre las  grandes líneas, las  opciones básicas y la forma que tendrá el poder recién establecido, las cuales pueden ser determinantes para el futuro y final de esa administración.

Nadie, hasta el momento, tiene los suficientes datos para hacer una predicción objetiva sobre si la presente administración del estado dominicano será o no exitosa, porque además de que este calificativo es muy relativo, vivimos una época en que la predicción de los fenómenos sociales y políticos, aunque no imposible, resulta mucho más difícil que en tiempos pasados. 

No obstante, el presente gobierno ha dado algunas señales que además de preocupación y desconfianza sobre su futuro, al cual está ligado el futuro inmediato de cada uno de nosotros, provocan la tentación de que ya se comience a decir que estamos ante más de lo mismo.   Lo peor de estas malas señales, es que estas no se limitan sólo a errores en la escogencia de los integrantes del nuevo gobierno, sino que la mismas van acompañadas de elementos que tienden a agravar nuestra casi congénita debilidad institucional.

Esta sociedad vive actualmente un estado de crispación provocado por la falta de institucionalización del derecho al trabajo en la administración pública. En muchos hogares se vive el drama de  la incertidumbre frente al futuro por la pérdida del empleo, provocado por una clase política que no ha tenido el sentido de justicia y de racionalidad en la gestión de la cosa pública, para que de una vez por todas se generalice en toda su amplitud, la ley de servicio civil y carrera administrativa, a través de la cual a los cargos no políticos en la administración pública se acceda  por concurso  y no porque se pertenezca a un determinado partido político.

La existencia de ese marco nos hubiese evitado el penoso espectáculo que en diversas dependencias del estado montan los militantes del partido de gobierno reclamando empleo. Igualmente, no tuviésemos esa “modernización” del atraso que encarna la llamada comisión de empleos de ese partido y este no viviese un evidente debilitamiento institucional del mismo, debido al uso discrecional del poder de una facción que utiliza el gobierno y los recursos de toda la población para poner en puesto de trabajo a sus seguidores para fortalecerse, en detrimento de las otras.

Por otra parte, han sido nombrados en la Junta Monetaria personas que tienen actividades privadas incompatibles con el cargo público para el cual fueron designados, lo cual constituye una violación a la ley misma que crea ese importante organismo; se ha integrado un cuerpo de asesores económicos del presidente de la república, al parecer, no por la competencia de éstos y por la diversidad de sectores que deberían representan en la sociedad, sino por sus vinculaciones con la fortuna y con la gran empresa.

El mantenimiento de varias instancias, cuyas competencias se solapan entre si y que debilitan las institucionalmente creadas para sus específicos fines, como son las llamadas oficinas de ingenieros y de asesores de las obras del estado, que manejan mayores presupuestos que los de Obras Publicas y el INVI, para realizar actividades propias de estas dos últimas y de las dependencias estatales, como Procomunidad, INESPRE, ODC, Consejo Presidencial Apoyo Barrial entre otras, que con presupuestos, personal y políticas propias, hacen labores relacionadas con políticas sociales, sobredimensionan un gobierno que debe ser reducido, acentúan nuestras ambigüedades institucionales, aumentan el gasto público y  hacen más deficientes los gobiernos.

En el caso de las últimas instituciones mencionadas, esto se agrava porque en dos de ellas, se han nombrado como directores, a dos jefes de partidos políticos de clara tradición clientelista, con rango de secretarios de estado, a pesar de que se ha designado un gabinete social. Con esto se acentúa la costumbre de nuestros gobiernos de practicar el asistencialismo y clientelismo, en lugar de hacer política social. Estas señales indican que lejos de fortalecernos institucionalmente como sociedad, retrocedemos en ese sentido.

Hay otras malas señales sobre el proyecto de poder que tenemos en curso, también otras muy buenas, expresadas en nombramientos de personas muy competentes y serias en puestos de mando, en secretarias de estado y en equipos para dirigir determinadas políticas.  Esta última circunstancia, más el hecho de que este gobierno tiene apenas algo más de dos semanas de instalado permiten albergar la esperanza de que, a pesar de las malas señales, todavía pueden tomarse algunas medidas que permitan corregir errores y sentar las bases para realmente limitar la dimensión de la crisis en que nos sumió el anterior gobierno.

Todavía se puede mitigar el drama de tantos jefes de hogares amenazados por el desempleo, todavía se pueden recomponer los equipos y cuerpos de asesores del gobierno, nombrando a personas solventes, competentes y con independencia de criterio para equilibrar algunos de los ya formados o en proceso de formación.

 No solamente los poderes fácticos y los poderosos tienen derecho a la confianza en su futuro, a ella también tienen derecho todas las personas que votaron por esta nueva mayoría, quienes votaron en contra y claro está, también quienes simplemente no votamos, esa es la regla de oro de la democracia.