La falta de leyes que regulen la actividad política y los procesos electorales ha perjudicado la institucionalidad nacional, pero a la vez ha resultado conveniente a los intereses partidarios que sistemáticamente han impedido legislar para que haya equidad y límites al proselitismo. El riesgo de que se persista en impedir ese logro sigue vigente, pues quienes se han beneficiado de este vacío no han perdido vigencia ni influencia, y hay que evitar que intenten mantener su estatus quo.

La sociedad dominicana tiene que estar atenta y elevar su voz para impedir que se le dé largas a los proyectos con vocación de llenar el vacío institucional. Hay que cerrarle el paso a cualquier táctica dilatoria, pero al propio tiempo hay que evitar festinaciones que puedan convertir las legislaciones en mamotretos que se presten para seguir en lo mismo.

Las lecciones aprendidas en el accidentado proceso electoral que condujo a las votaciones de mayo pasado deben servir para realizar una actualización minuciosa de los proyectos de ley de partidos y electoral. La fragilidad del sistema electoral es evidente y las acciones que echaron por tierra la democracia interna de los principales partidos no deben seguir siendo la pauta a seguir con miras a certámenes futuros. La sociedad tiene que impulsar leyes idóneas que afiancen la institucionalidad.

Derecho a la información

El portavoz de la Policía, general Nelson Rosario, ha dicho que esa institución informa de todos los casos que entiende revisten importancia y no entorpecen un proceso de investigación. Los ciudadanos tienen derecho absoluto a ser informados de forma veraz, detallada y oportuna de todos los acontecimientos que comprometen la seguridad y la integridad de personas, o trastornan el orden público. No es elegible para la Policía Nacional omitir información de esa naturaleza, y menos bajo argumento de evitar entorpecer investigaciones.

La valoración de la “importancia” de un suceso tiene muchos puntos de enfoque, pero en el caso de la Policía no es admisible el ocultamiento al público de la información sobre el suceso como tal y los intereses perjudicados. Ahí aplica el derecho del ciudadano al acceso a la información. Así de sencillo.