No respetan al contribuyente

No respetan al contribuyente

La capital es un desorden que cada día empeora. Negocios de todo tipo operan en las aceras, calles, pasos a desnivel, parques y hasta sobre puentes peatonales. La causa del mal se debe mitad a osadía de quienes los ocupan y mitad a irresponsabilidad de las autoridades, que lo permiten y se hacen de la vista gorda. Las intersecciones de la calle París con Duarte, José Martí, Juana Saltitopa y Doctor Betances es un inmenso mercado sucio y maloliente, en el que coexisten comercio y prácticas delictivas. Ese es solo un ejemplo, que tiene múltiples réplicas en toda la ciudad.

La autoridad municipal, que ha prometido repetidamente recuperar los espacios públicos ocupados, no ha hecho lo que le corresponde, y no da señales de que vaya a hacerlo. ¿Miedo a los costos políticos o simple falta de respeto ante el ciudadano? Los transportistas tienen sus paradas de guaguas en donde les viene en ganas, y ni AMET ni el Gobierno Municipal se atreven a desalojarlos. Y los transeúntes tienen que tirarse a la calle, asumiendo sus riesgos.

Los contribuyentes, con cuyos dineros se pagan los sueldos de las permisivas autoridades, deben sentirse frustrados, burlados por tanta irresponsabilidad e incompetencia. Cada uno de los problemas urbanos se agrava con el tiempo, la indiferencia y el crecimiento vertiginoso y caótico de la población capitalina. No respetan al ciudadano.

Un culto a la inoperancia

El caso particular del caos en el tránsito llama la atención porque existe y persiste a pesar del elevado número de organismos con funciones reguladoras destinadas a moderar a este sector. Entre todas no han logrado evitar que vehículos pesados y livianos circulen juntos en plena ciudad, las violaciones a la ley de tránsito ni las temeridades que causan accidentes, muertes y lesiones.

Tenemos una Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), la Oficina Técnica del Transporte Terrestre (OTTT), la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), una dependencia similar en cada ayuntamiento, el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET), el Departamento de Vehículos de Motor de Impuestos Internos, y finalmente, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), que prometió acabar el problema a partir de la construcción del Metro de Santo Domingo.

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