El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos, sostuvo que el traspaso de forma obligada de los empleados públicos al Seguro Nacional de Salud (Senasa) no sólo sería violatorio al derecho a elegir que tienen los ciudadanos, sino que convertiría en un monopolio a la seguridad social y al sistema de salud en el país.
Planteó que es inaceptable e inadmisible que todos los empleados públicos y sus dependientes sean afiliados automáticamente al Senasa, porque sería contrario a la Constitución, que establece que no deben existir monopolios en el país, y menos aún en el caso de la salud pública y la seguridad social.

Afirmó que el Estado ni nadie puede obligar a los ciudadanos a que se afilien a una administradora de riesgos de salud que no prefieran, ni que dejen por la fuerza a la que están afiliados desde hace años recibiendo un buen servicio.

Añadió que ninguna decisión judicial puede violar el principio de la libre elección que establece la misma ley, como parece hacerlo la sentencia TC/0573/18, emitida por el Tribunal Constitucional, que declara inadmisible un recurso de amparo incoado por seis administradoras de riesgos de salud para evitar ese monopolio.

Dijo que esa sentencia debe ser analizada y el tema nuevamente replanteado, de modo que todos los sectores involucrados lleguen a un acuerdo general que beneficie a todos, principalmente a los afiliados y que las administradoras de riesgos que ofrecen el servicio sean justamente tratadas.

Esta semana la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) advirtió que existen impedimentos legales y jurídicos para traspasar a los empleados públicos y sus dependientes en forma automática al Senasa, en virtud de que esta acción fue irrevocablemente juzgada y vedada por la sentencia de amparo 132/2008, emitida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en el año 2008.

Según la ADARS, ante esa decisión de la Primera Sala del TSA, resulta ilegal y contradictorio al ordenamiento jurídico traspasar forzosamente a los empleados públicos al Senasa y que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) debe abstenerse de ejecutar cualquier disposición al respecto.
En ese sentido, el presidente de la CNTD planteó que la sentencia del Tribunal Constitucional, emitida el pasado 2 de diciembre, tiene que ser analizada, porque la misma no contiene una decisión de fondo y se trata de un pronunciamiento definitivo sobre el tema, sino que la alta corte lo que hizo fue poner nuevamente el tema en el debate público.

Reiteró que no se puede forzar a ningún ciudadano a que se afilie a una administradora de riesgos de salud en la que no se sienta cómodo o no esté satisfecho de sus servicios, y que por eso debe tener la opción libre que le garantiza la ley de preferir la que mejor entienda satisface sus demandas. “Por eso, creo que los que se han aventurado a apoyar que los empleados públicos sean afiliados al Senasa de manera inmediata, están cometiendo un error”, dijo Ramos, agregando que “en el caso de la CNTD estamos totalmente opuestos porque entendemos que es una medida violadora de los derechos de trabajadores públicos”.
Propuestas de la CNTD
El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) dijo que la propuesta de esa entidad es que el Consejo Nacional de Salud (CNS), como organismo rector del Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS), debe convocar un diálogo con la participación de todos los organismos e instituciones involucradas, tanto del sector público como del privado, para que se pueda llegar a un acuerdo satisfactorio para todos.