La Ley número 31 del 25 de octubre de 1963, creó el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), como organismo del Estado cuyas funciones principales son de fiscalización, regulación y ordenamiento el movimiento cooperativo en la República Dominicana.
Las cooperativas tienen socios, mientras que los bancos comerciales poseen clientes y accionistas. En los bancos comerciales, los accionistas mayoritarios son los dueños y siempre dirigen las entidades bancarias.
En las cooperativas usted puede tener 100 pesos en aportaciones, y otro socio 500 mil pesos, y tienen un voto igual y los mismos derechos.
Viendo así las cosas, pretender reglamentar las actividades de las cooperativas mediante la Ley 183-02 del 21 de noviembre de 2002, legislación Monetaria y Financiera y que el Banco Central pase controlar las cooperativas, sería un golpe mortal al movimiento cooperativo dominicano.
Entendemos que todo esto ha llegado, al ver los ejecutivos bancarios el auge que han venido adquiriendo las entidades cooperativas en el país, y notar la pujanza de cooperativas como la de los maestros, Vega Real, CoopMédica, la de Maimón, La Altagracia, en Santiago, entre otras.
Se quiere, mediante esta regulación, dar un golpe demoledor al cooperativismo en la República Dominicana, como forma de evitar que los sectores más empobrecidos, no tengan esos mecanismos para contrarrestar la forma abusiva como son tratados en la banca comercial nacional.
El pleito está casado, por eso se puede notar las expresiones que esgrime el señor gobernador del Banco Central contra las entidades cooperativas. Pero hay que confiar en que los altos dirigentes del cooperativismo nacional sabrán empantalonarse y no permitir que esa felonía prospere.