¡Nos han secuestrado el país!

¡Nos han secuestrado el país!

El puntillazo de la sentencia de la CIDH (Corte Interamericana de los Derechos Humanos) en un acto de flagrante intromisión en la soberanía dominicana, pretendió obligar al país a que modificara la Constitución y aceptar que los haitianos ingresaran al país como algo humanitario y vivieran plácidamente sin papeles que los identificara, fue una consecuencia del descrédito del país por la pobre calidad del servicio exterior que se había convertido en un almacén de botellas y nada útil llevaban a cabo en beneficio de la Nación.

Ante ese ejemplo de corrupción descarada del servicio exterior excesivo, a nombre de supuestos compromisos políticos, las demás cancillerías con las que tenemos relaciones consideraron que los dominicanos eran incapaces de poseer un servicio diplomático responsable. Ese exceso de personal era una muestra de cómo los políticos habían secuestrado al país y lo llevaban como caña para el ingenio hacia el desastre.

El quehacer de los políticos, en su desmedido afán de enriquecerse a través de cualquier brecha que vean en las estructuras del Estado, es aprovecharse de las posiciones y estar más atentos a satisfacer sus ambiciones personales y hacer de los puestos un medio para enriquecerse y no darle el frente a las obligaciones que deben atender y maniobrar para forjarse una carrera política.

El descuido e incapacidades de los políticos, para atender sus responsabilidades, los ha llevado a secuestrar el país para irlo hundiendo en el descrédito, y entonces, los dominicanos apartados del quehacer político nos vemos indefensos ante la agresión interna de los latrocinios de los políticos y por las acciones externas de naciones que quieren imponer una unidad isleña a cuenta de que no tenemos capacidad para hacernos respetar.

Eso nos deja muy mal parados y temerosos de que se nos derrumbe el país, que tanta sangre fue derramada por nuestros ancestros, y que nuestros descendientes, podrían verse sumergidos en una situación en que ni siquiera serían dominicanos.

Los políticos, en su acelerado afán de abusar del Estado a diario, están protegiéndose y blindan sus intereses para evitar que la justicia los desnude ante el país. Se defienden unos y otros. Ahora vemos cómo se pretende evitar que se llegue hasta el fondo del desfalco del descarado enriquecimiento de un personaje del partido de gobierno, que por el volumen alcanzado en tan poco tiempo, es una mancha a la dignidad del país y de los ciudadanos que se asombran de cómo la permisibilidad en el accionar de los políticos no tiene castigo ni rechazo por una sociedad, ya curada de espanto, e indiferente acepta que los políticos nos roben lo que ya hemos pagado como impuestos y recibir malos servicios.

Desde 1961, el secuestro del país por parte de los políticos se convirtió en una constante, pero ha sido ahora en el siglo XXI que esa acción se ha acelerado, ya que los ideólogos del PLD han convertido a la maquinaria estatal en un instrumento diseñado para trabajar para sus beneficios, colocan a sus políticos para que velen por sus intereses llevándolo a conformar los diversos organismos, como las llamadas altas cortes con testaferros que supuestamente son independientes, pero le deben adhesión a quienes los llevaron a esos cargos para proteger a quienes, por sus acciones descaradas, se verían en un futuro frente a la justicia para responder de actos dolosos cometidos con total desparpajo y sin temer castigos.

A los políticos no les importa que se les señale por sus acciones, que en abierto desafío cometen frente a la opinión pública, y con el descaro de una exhibición de riquezas que junto a los de lavado de dinero es lo que permite que tantos restaurantes y tiendas de lujo sobrevivan a la crisis de pocos clientes y se mantenga una clientela de altos copetes de los nuevos ricos, en su mayoría políticos oficialistas, o se sumergen en lujosas residencias en las playas o en las montañas, mientras el gobierno le hace creer al país que ha disminuido el desempleo al incorporar en los pasados dos años a 200 mil personas a la nómina pública y escogidos por su fidelidad partidaria al PLD.

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