Nuevas reglas para la minería

El país se ha modernizado, sin duda alguna. Se ha ido adentrando en los avances de manera acelerada, pero en la luminosidad del progreso sigue habiendo puntos que sacar de la oscuridad. La minería, desde el punto de vista de las reglas para concesiones de exploración y explotación, viste todavía de taparrabos. El país, el dueño legítimo de la riqueza del subsuelo, es por regla general el que menos gana y más pierde en las operaciones de extracción y venta de las riquezas del suelo. Solo en casos excepcionales, como el renegociado contrato con la Barrick Gold, el Estado queda próximo a un trato justo en el negocio del oro.
El Ministerio de Energía y Minas está inmerso en lo que puede definirse como una revolución en cuanto a las reglas de juego para otorgar concesiones de exploración y explotación de riquezas del subsuelo. El ministro, Antonio Isa Conde, y varios técnicos de la cartera ofrecieron detalles del trabajo que se hace para reemplazar la obsoleta Ley Minera por una que sea garante de beneficios justos por la extracción de nuestras riquezas del subsuelo, sino además de la seguridad de remediación de los pasivos ambientales que deja esta actividad inevitablemente invasiva. La actualización de las reglas de minería está poniendo en el justo contexto el papel que corresponde al dueño de la riqueza, con garantías jurídicas para proteger los intereses del inversor, pero también las ganancias legítimas del Estado.

Ajustar el Estado a la eficiencia

El gigantismo de la administración del Estado es un lastre de alto costo y bajo impacto social al que ningún Gobierno ha querido meterle el diente. El INTRANT viene a resultar un tímido ensayo de supresión de organismos repetitivos que solo han garantizado burocracia pagada, pero ineficaz, Ahora, un proyecto de ley de la diputada Faride Raful pretende la disolución de 57 agencias gubernamentales de cuestionable impacto social, pero que generan al erario gastos por RD$15,700 millones al año.
Ese proyecto debe marcar una tendencia que el Estado debe asumir con mucha seriedad. Reducir lastre de nóminas y nominillas, pero sin causar una crisis social y usar el ahorro para generar empleo verdaderamente útil y productivo. Desmontar la práctica clientelar y reemplazarla por eficiencia y productividad debe ser la consigna.


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