Apenas habían pasado unos días desde que el papa Francisco se disculpó públicamente con las víctimas de abuso del mayor cura pedófilo de la historia chilena cuando una nueva bomba de tiempo amenazó con cimbrar a esta institución.
Los implicados son los hermanos maristas, una congregación religiosa –cuyos miembros hacen votos de castidad, pobreza y obediencia y no son considerados sacerdotes porque no pueden impartir los sacramentos– que tuvo en su seno a violadores cuyas víctimas dicen recordar encierros, el cuerpo adolorido y manos que les pasaron encima sin su consentimiento. Según han denunciado, estos religiosos los abusaban y luego les achacaban la responsabilidad de sus actos. Por eso los niños callaron y en algunos casos tardaron más de 40 años en hablar, pero ahora que lo hicieron, la Iglesia católica vuelve a verse acorralada.
Y así, mientras Francisco terminó de escuchar en el Vaticano a los afectados por el sacerdote Fernando Karadima y 31 obispos chilenos están por iniciar una audiencia con él para enfrentar el escándalo que persiguió al pontífice durante su visita a Chile en enero pasado, los señalamientos contra los maristas se cuelan hasta la prensa chilena.
El caso encabezó los titulares locales en agosto de 2017, cuando la jerarquía de su congregación denunció a uno de los suyos, Abel Pérez, por abusar y violar a 14 menores de edad en dos colegios. La indignación creció dentro y fuera de Chile porque estos sacerdotes tardaron siete años en poner a Pérez a disposición de la justicia pese a que él mismo había revelado sus abusos en 2010. Según dijo, las agresiones fueron cometidas entre 1970 y 2008, lo que permite suponer que al menos un caso aún puede ser llevado ante la justicia.
En Chile los delitos por abuso sexual prescriben a los diez años a partir de sucedido. Sin embargo, la prescripción no avanza si se interpone una denuncia. Luego de que la congregación admitiera los abusos, nuevos agredidos revelaron a la opinión pública los horrores que vivieron y declararon que fueron víctimas de abuso sexual de parte de profesores, guías scout y confesores. En marzo y abril pasados, ocho agredidos presentaron dos querellas contra diez personas: seis maristas, un cura capuchino y tres sacerdotes católicos.