Soila Paniagua 
La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) instó ayer al Poder Ejecutivo utilizar los mecanismos que las normas diplomáticas prevén, para elevar protesta formal al Gobierno de Estados Unidos sobre extralimitaciones de su embajador, James Brewster.
“Como pastores, exigimos de nuestras autoridades tomar este asunto con responsabilidad y ofrecer una respuesta inmediata que satisfaga los reclamos de la familia dominicana”, planteó el CED en un comunicado.
Aclaró que “nuestro rechazo no es a la persona del embajador y su pareja, ni a su condición de homosexuales, pues los respetamos. Lo que rechazamos es el abuso de poder en su modo de actuar, que es contrario a sus competencias como embajador y, como hemos dicho ya, viola las leyes internas del país y las leyes internacionales de la diplomacia”, expuso el CED.
Consideró que no se trata de un tema trivial, “como algunos han pretendido decir, pues está en juego la soberanía de la nación y sus valores tradicionales”.
Agregó que “el señor Brewster se presenta a la sociedad como víctima, llamando odio, a toda la opinión contraria a la suya; pero alardea de tener el apoyo de su Gobierno para realizar las violaciones sistemáticas de las leyes nacionales e internacionales”.
Alertó que una falta contra el país sin la debida reacción sería mandar el mensaje, de que los extranjeros pueden venir a abusar de su posición sin ninguna consecuencias.
Cuestionó las actuaciones de Brewster, con las que asegura se ha extralimitado en sus funciones, mostrando poco respeto a los usos y costumbres de esta sociedad, y violando tanto la Constitución como la Convención de Viena, sobre relaciones diplomáticas, ratificada por su país y República Dominicana.
Los obispos, que enfatizan en las visitas del diplomático y de su esposo, Bob Satawake a escuelas y otros espacios que concentran a niños y jóvenes, expresan en su comunicado “la profunda preocupación y malestar que ha provocado en una parte importante de la sociedad, y en nosotros también, las actuaciones del embajador James Brewster, desde su llegada a nuestra tierra”.
Entienden que el modelo de familia que presentan el embajador y su pareja es incompatible con el que está contemplado en la Constitución de la República.
Citaron el artículo 55, que establece que “la familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.
Opinan que hay una marcada intención de confundir a la juventud y niñez, presentándoles un modelo distorsionado de familia; menosprecian, de esa manera la autoridad de las leyes nacionales.
Expresan que “esto ha causado un gran malestar en los padres de familia, que tienen el derecho a definir cómo educar a sus hijos, y sienten esa visita como una intromisión de valores contrarios a los que quieren inculcar a sus hijos”.
Consideran una forma de silenciar a la población las declaraciones de Brewster, de que a quien no le guste como actúa ni sus críticas, devuelva la visa.
En ese orden, plantearon que “esta respuesta sirve como amenaza a la población y, aunque es desmentida de manera oficial, queda siempre el miedo a expresarse, por temor a que se les quite la visa. Esto lesiona la libertad de expresión en nuestro país”.
Explicaron que los anima el espíritu que señala el papa Francisco cuando, refiriéndose a las amenazas que vive la familia, previene contra las “pseudo-soluciones desde perspectivas que no son saludables a la familia, sino que provienen claramente de ‘colonizaciones ideológicas”.
Asegura que no es menos preocupante la insinuación de oferta de dinero que hiciera la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID), a los candidatos políticos que apoyen a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT).
“Este anuncio se hizo en el marco de apoyo a la Embajada de Estados Unidos durante el lanzamiento de la Cámara de Comercio LGBT. Ofrecer dinero para financiar a candidatos que estén dispuestos a promover su agenda es una violación a la soberanía nacional y a sus leyes electorales, y representa un chantaje grave hacia la política nacional”, aseguró.
Señala que además, “aunque se pretenda desmentir, ¿Quién garantiza que, de todos modos, el fondo constituido no sea erogado aún veladamente?”.
Indica que esas y muchas otras acciones más han ido creando un clima de malestar e inquietud en un sector mayoritario del país, que ve su intromisión en la cultura y en los asuntos internos de la nación.
“Es cada vez más difícil aceptar esta injerencia del embajador, pues existe un reglamento para los diplomáticos en todo el mundo, y está en el artículo 41, párrafo 1 de la Convención de Viena”, puntualiza.
Refirió que ese artículo dice: “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.
Afirma que República Dominicana es un Estado soberano, que cuenta con sus propias leyes, que deben ser respetadas.
